La problemática social que se vive en el zaragozano barrio de San Pablo y la respuesta policial frente a algunos hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas está encontrando diferentes réplicas en los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza. Si bien desde la derecha defienden las actuaciones de la Policía Nacional, no existe el mismo consenso en la izquierda. El portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, exprimer edil de la ciudad, criticó ayer las redadas de la Policía Nacional en El Gancho por considerar que tienen un carácter «mediático», además de «no ser nada efectivas».

El de ZeC aseguró de esta manera que lo único que «se ha conseguido poner de relieve» con las operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es «el alto índice de población migrante y la ausencia de derechos básicos reconocidos». «Esto -refiriéndose a la Policía- no contribuye a la mejora de la convivencia en el barrio», dijo Santisteve.

Asi, para la formación de izquierdas la solución pasaría por intentar garantizar «el cumplimiento de los derechos sociales». De la mano, se entiende, vendría una reducción de la delincuencia y por ende de parte de los problemas del barrio. «Hay que impulsar la mediación y la atención a la infancia y a los mayores», añadió, para después decir también que su «concepto de seguridad» dista mucho de lo que se ha visto durante estos días pasados en las calles de San Pablo. El de ZeC hizo también referencia al comunicado del Consejo de Salud de este barrio de Zaragoza, que criticaba la «estigmatización» que estaban sufriendo sus vecinos por la presencia policial constante.

Pero Zaragoza en Común ha sido el único partido en la izquierda de la ciudad en levantar la voz contra las intervenciones en el Gancho. Desde el PSOE, fuentes del partido se limitan a decir que «respetan la actuación policial» ya que ni siquiera depende del ayuntamiento. En Podemos, por el contrario prefirieron no hacer declaraciones al respecto. Algo podría tener que ver que las redadas las está llevando a cabo la Policía Nacional, que depende la Delegación del Gobierno de España en Aragón, una institución que preside la socialista Pilar Alegría y que representa en la comunidad al Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos.

Por su parte, desde el equipo de PP y Cs, que gestiona el ayuntamiento, aseguraron que «la presencia policial en la zona es necesaria» y que las intervenciones son «fundamentales» para luchar «contra la delincuencia y contra un tipo de okupación violenta que atemoriza a los vecinos». «Cualquier actuación que sirva para mejorar la seguridad en el Casco Histórico y dar tranquilidad a los vecinos, será respaldada por el ayuntamiento», indicaron fuentes del consistorio, que aseguraron también que su relación con la Delegación del Gobierno es «fluida» cuando se trata de abordar esta problemática. Existe pues para el equipo de Azcón un problema de delincuencia, «y no se debe mirar hacia otro lado».

Por último, Vox celebró también la actuación policial, que calificó de «proporcionada». El portavoz de la ultraderecha, Julio Calvo, recordó que los vecinos habían pedido más Policía aunque reconoció que esta es una solución pasajera mientras llega «la regeneración urbanística» que acabará con parte de los problemas del Gancho.