El equipo de Gobierno de Zaragoza en Común ha comenzado a entregar los datos del padrón al Gobierno de Aragón para que proceda a cobrar el impuesto de contaminación de aguas (ICA) que, no obstante, ha anunciado que van a "combatir de toda forma posible" por considerarlo ilegal además de "injusto".
Así lo ha asegurado el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, en una comparecencia junto al alcalde, Pedro Santisteve, tras reunirse en la Casa Consistorial con una veintena de agentes ciudadanos, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, tejido vecinal y sindicatos.
Rivarés ha reiterado que el Gobierno municipal está "radicalmente en desacuerdo" con la ley que obliga a ceder los datos al Ejecutivo autonómico pero "la cumplimos", si bien, ha insistido en que se trata de un "injustísimo" impuesto, que "viola" la progresividad fiscal, trata a toda la ciudadanía por igual y "rompe de un solo sablazo" la apuesta por el turismo, la industria y el comercio de Zaragoza.
A juicio del responsable de las arcas municipales, es un impuesto "desolador", que "siempre se planteó para que Zaragoza asumiera el crack de la depuración", un proyecto, ha subrayado, "sobredimensionado", que "nunca llegó a buen puerto", que no fue explicado ni auditado y que "incumple" la Directiva Marco de la UE.
Para comunicar el cobro de este impuesto a la ciudadanía, Rivarés ha anunciado que se va a remitir una carta al vecindario de toda "la metrópoli" para explicarles qué es el ICA, porqué se genera y quién cobra.
El alcalde, calcula que por este impuesto, que gestionará directamente el Gobierno de Aragón, la ciudad perderá unos 500 millones de euros en 30 años, que "podrían destinarse a mejorar la red de abastecimiento" en el caso de que lo gestionara el concejo.
Santisteve ha urgido a la necesidad de convocar la Comisión Bilateral Zaragoza-Aragón para debatir este impuesto, contra el que, ha recordado, la ciudad ya presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por medio del grupo en el Congreso Unidos Podemos.
Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Olivan, ha anunciado que los gabinetes jurídicos de todas las organizaciones de consumidores están preparando una "avalancha" de recursos para cuando la ciudadanía comience a recibir el cobro, al tiempo que la anima a oponerse a esta tasa.
Oliván ha agradecido al Ayuntamiento que se haya negado a negociar el ICA "a cambio de nada" para "pagar un plan de saneamiento sobredimensionado, oscuro y que no nos merecemos los ciudadanos".
