El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) cambió de opinión y anunció ayer que había dado orden de transferir todos los datos de hogares y empresas de la ciudad de lo que se conoce como padrón del agua para que la DGA pueda proceder al cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) al que lleva más de un año oponiéndose por considerarlo «injusto». Ahora accede para «poner fin al conflicto» con el Gobierno aragonés, que aún no se sabe si podrá recaudarlo porque el sistema es técnicamente «incompatible» y porque para poder girar recibos «deberán cambiar la orden» por la que se pretendía imponer el tributo a la capital aragonesa.

Así lo indicaron el responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, y la titular de Sostenibilidad y Ciclo Integral del Agua, Teresa Artigas, en una decisión comunicada por escrito al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA, Joaquín Olona, y que tiene más calado político que repercusión práctica en el ciudadano, por ahora. Porque el consistorio cambia de actitud ante lo que venía reclamando el Instituto Aragonés del Agua (IAA) desde 2015. Por la «voluntad de diálogo permanente» y la «cultura de paz» que se atribuye ZeC, que recordó que no se puede hacer uso de los datos todavía, «hasta que no se modifique la orden» que exigía el cobro.

EXIGENCIAS

La DGA gana el pulso con la amenaza velada de llevar al ayuntamiento a los tribunales por obstaculizar el cobro. Según Rivarés, esto no ha tenido nada que ver en el cambio de ZeC, que ahora se abre al diálogo por «responsabilidad» pero mantendrá los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Constitucional. Y considera la orden «una chapuza». Aún así, Rivarés y Artigas plantearon algunas de las exigencias que le trasladan a la DGA. El principal, que se aplique el criterio de progresividad fiscal que se hace con el abastecimiento del agua y el saneamiento en la ciudad. Pero hay más.

Otro es respetar el principio de recuperación de costes y no recaudar más dinero de lo que efectivamente se invierte en depuración. «No se puede hacer negocio», dijo Artigas. Otros es aplicar total transparencia y auditar el plan de saneamiento de Aragón. Y por último, que parte de lo que ingrese --unos 12 millones según la DGA--, se reinvierta en Zaragoza y sus «acuciantes» necesidades de inversión, unos 40 millones, estimaron los ediles.