El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) está valorando reclamar en los tribunales los 40 millones que le adeuda la DGA por las obras del tranvía. Una cuantía que dista mucho de la que el Gobierno de Javier Lambán considera que debe abonar. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, anunció ayer que «es más que probable» que acudan a los tribunales. La decisión la tomará según el resultado de la auditoría que han encargado para dilucidar si se cobraron costes financieros indebidos. Según el PP, este informe de liquidación de las obras de la línea 1 contempla gastos millonarios sin justificar.

Entre ayuntamiento y DGA sigue existiendo la misma discrepancia sobre los gastos de la dirección de la obra a asumir en concepto de subvención. Según la DGA, la liquidación debe hacerse sobre 192 millones de euros y, según el consistorio, sobre 387 millones. La diferencia radica en que desde el Gobierno de Aragón consideran que se han imputado gastos que no estaban contemplados en el convenio.

Para Rivarés, la DGA excluye en la liquidación la compra de los vehículos, la reposición de equipos, la obra urbana, las provisiones a futuro para gastos de mantenimiento o la renovación de las catenarias. Fuentes del Gobierno aseguraron que el informe «solo contempla aquellas obras que aparecían en el convenio. El ayuntamiento achaca más gastos de los que acordados».

Del contenido del informe de liquidación poco se sabe. Solo lo que el PP trasladó ayer para denunciar la falta de información sobre el coste de la línea 1 de tranvía y «el acuerdo de confidencialidad» que existe entre las instituciones para que no salga a la luz.

CONFIDENCIAL

No se equivocaban. Según fuentes del Gobierno, el ayuntamiento solicitó, y con condiciones, una confidencialidad sobre el informe de liquidación -Rivarés dijo que fue la DGA- porque se utilizaban datos de la Sociedad Mixta de Los Tranvías (SEM).

Desde el PP denunciaron el «oscurantismo» de ZeC y la «falta de transparencia». Según la portavoz del PP, María Navarro, en el informe de liquidación aparecen tres conclusiones sobre la falta de justificación por parte del ayuntamiento referente a facturas que afectan a grandes cantidades de dinero.

Según Navarro, el informe relata que el ayuntamiento «no aportó la documentación justificativa correspondiente a cinco de los diez anexos cuantificados en 76 millones». Además, contempla «partidas duplicadas por valor de 6 millones», según la portavoz del PP.

Fuentes del Gobierno admitieron que se trataba de «un error en la justificación. Por otro lado, Navarro informó de que en el documento se explica que se «han detectado facturas por valor de 157 millones que no es posible reconducir a ningún concepto de los previstos por el convenio, por lo que resulta improcedente su abono». A este respecto, desde la DGA señalaron que «se trata de aquellos gastos que el consistorio incluyó a pesar de que en el convenio no aparecen como subvencionables».