La decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía el informe jurídico del asesor externo de Ecociudad, que imputa cinco posible delitos al alcalde Pedro Santisteve, se retrasa al martes. Los nuevos consejeros de Zaragoza en Común (ZeC) solicitaron la suspensión del consejo de ayer alegando que desconocían el contenido del informe y de las conclusiones de la comisión de investigación. La presidente de la sociedad, María Navarro (PP), en aras de «la transparencia del proceso», pospuso la convocatoria durante 48 horas.

En el encuentro, PP, PSOE, C’s y CHA comunicaron que votarán a favor de presentar en el ministerio público el documento, junto con el expediente completo.

Hasta aquí la parte formal. Porque para llegar a esta decisión, que se tomó sobre las 11.14 horas, pasaron varias cosas que marcaron el rumbo del consejo. A las 9.00 horas se reunieron los miembros de ZeC para formalizar internamente los nuevos nombramientos, entre los que hubo cambios de última hora. En principio, Guillermo Lázaro (coordinador de grupo), Antonio Silva Frías (funcionario) y Raúl Burillo (portavoz) iban a ser los representantes de ZeC, tras la dimisión de Santisteve, Teresa Artigas y Pablo Muñoz en julio. Pero no fue así y Burillo fue eliminado de la lista para dar paso a Francisco Polo, con un pasado jurista.

NOMBRAMIENTOS / Polo admitió que se enteró del nombramiento a primera hora de la mañana, aunque la decisión se tomó el jueves por la tarde. Su perfil, según fuentes de ZeC, encajaba más teniendo en cuenta la situación jurídica por la que pasa la sociedad.

Posteriormente, la junta general, integrada por todos los grupos, ratificó los tres nombramientos y, a las 10.45 horas, comenzó el consejo de administración extraordinario que duró poco más del 40 minutos.

Polo aseguró «desconocer absolutamente» el informe, que insinuó que «a lo mejor, hay que ampliar los informes porque aparecen otros delitos», que no explicó ni desarrolló alegando su desconocimiento sobre el informe.

«Como abogado durante 44 años quiero leer el documento antes de acudir a la Fiscalía», esgrimió. Lázaro anunció que solicitarán que se incorpore el informe de la asesoría jurídica municipal del pasado mes de julio, que concluye que no hay indicios de delito, y que, de hecho, ya está en el expediente.

La presidenta de Ecociudad indicó que «el recorrido político ya ha terminado» y tiene que ser el ministerio público el que valore los presuntos delitos que podría haber cometido el alcalde.

Desde el PSOE, Lola Ranera insistió que no hay margen y que se acudirá al fiscal en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la misma línea fueron las declaraciones del portavoz de C’s, Alberto Casañal que, «sorprendido» por las críticas de Santisteve al informe jurídico, que tildó de «calumnioso», insistió que deben ser los jueces los que decidan si hubo delito y que consecuencias podría tener.

Por su parte, el representante de CHA, Carmelo Asensio, pidió respeto para el asesor y los funcionarios. «El alcalde tiene que tener cuidado. A veces parece mentira que sea abogado y que venga del mundo de la judicatura», declaró