A solo seis días del debate sobre el estado de la ciudad, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se preparó un último pleno antes de la cita más importante del año, del color de las prendas que ayer lucían todos sus concejales. Un viernes negro que nada tenía que ver con la gran fiesta del comercio, salvo con las cuchilladas a bajo coste que llegaban desde las dos bancadas. Su vestimenta acabó pegando mucho con la jornada aciaga que les tocó vivir. Con la enésima derrota política con la municipalización del servicio de atención telefónica 010 como punta de lanza a una sesión en la que el aluvión de críticas por el Luis Buñuel, la gestión de la Policía Local, la de las Instalaciones Deportivas o por el futuro de Las Armas redondearon sus peores presagios.

Al responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, no le sale bien ya ni ejecutar lo que le ordenan los tribunales que haga para hacer las cosas bien con el 010. Ayer llevaba un expediente con el que modificar la plantilla para crear las 14 nuevas plazas de este servicio que poder sacar a oposición en los próximos tres años. Y acabó siendo retirado a petición de Ciudadanos (Cs), con el apoyo del PP y el PSOE. Hicieron valer la sentencia del Contencioso-Administrativo número 4 que declaraba «nula de pleno derecho» la decisión de municipalizar de forma unilateral el servicio, y desoyendo otra, «que es firme», del Juzgado de lo Social que no solo las incorporó a la plantilla como personal laboral con la condición de hacer lo que ayer proponía. Y ni por esas.

La competencia de cómo se presta el servicio es del pleno, y ayer la mayoría demostró cuál es su opinión al respecto. Solo CHA se puso de lado de Cubero, asegurando que «aunque sea a base de tortas, se está en el buen camino» con esa modificación de plantilla que se aparcaba. Ni siquiera el informe de Intervención avalando su tramitación sirvió y Cubero aseguró que volverá a llevarlo en diciembre «haciendo el pino puente o gritando que viva el Partido Socialista».

SIN MANTRAS

Para él, se había confirmado que todos los mantras contra la municipalización se han desmontado: sí genera ahorro (125.000 euros), sí deriva en mejoras (ya atiende a personas sordas), no se salta el pacto convenio y no pretende meter a las 14 trabajadoras «por la puerta de atrás», ya que ayer pretendía dar ese «paso indispensable» para convocar esa oposición, pero tampoco eso le dejan, lamentó. Porque un fallo judicial -«que importa un carajo ahora», reiteró Cubero-, es motivo suficiente para la oposición para retirarlo.

Pero Sara Fernández, de Cs, le reprochó que «pretende saltarse a la torera todo», incluso la ley, y que su objetivo obedece a «intereses partidistas». Marta Aparicio, del PSOE, le recriminó que «ha usado a las trabajadoras como conejillos de indias en su experimento municipalizador» y les ha abocado a una «inseguridad jurídica que no tenían». Y José Ignacio Senao, del PP, confió en que «cuando los tribunales ratifiquen la ilegalidad no estarán aquí para pedirles responsabilidades».

La cosa no fue mejor cuando tocaba debatir sobre el Luis Buñuel. Los reproches a Santisteve por permitir la charla de «una asesina del GRAPO», Carmen López, en el centro social comunitario se ganó el rechazo unánime de la oposición por darle «cobijo y altavoz», aunque, a la hora de votar, la abstención del PP evitó que se abriera la posibilidad de rescindir el convenio de cesión a la entidad. Mientras el Gobierno se aferraba a no ejercer la «censura previa» y, junto a CHA, a no empañar la actividad que se realiza en el barrio.

Más tarde, la intervención del concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Híjar, sorprendió por su dureza contra los representantes sindicales y trabajadores que exigían soluciones ante la falta de efectivos. El rapapolvo se lo llevaron los empleados de las instalaciones deportivas, contra quienes cargó por protestar e «invitó» a utilizar su «cruda guerra para otra cosa y no para interrumpir» en el pleno. Les acusó de ejercer un sindicalismo de «corporativismo», les instó a salir a la calle a protestar pero contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la tasa de reposición que solo ha permitido esta legislatura cubrir 31 plazas, explicó.

La concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner, tampoco mejoró el nivel al defender su reestructuración del cuerpo. Tanto PSOE como CHA sacaron a relucir un informe de la cúpula policial que advertía de los problemas que puede generar el nuevo calendario por la «disminución» del personal, sobre todo durante los fines de semana. Ella esquivó las críticas de toda la oposición negando el «mantra» de que provocará esa falta de efectivos y alardeó de que creará más plazas con la oferta de empleo del 2019.

Un ingrediente más a un viernes más reivindicativo de lo normal que amenza con teñir de negro también el debate del estado de la ciudad.