El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) decidió ayer dar una vuelta de tuerca más a la complicada situación política que atraviesa el consistorio de la capital. Lo hizo con un doble anuncio que tensó aún más a la oposición. El primero y más relevante, el que le permitirá transferir dinero a las cuentas de las sociedades al desbloquear por decreto los fondos que había retenido la oposición en el pleno municipal. El segundo, la retirada del procedimiento contencioso que interpuso contra esta decisión y que convirtió en codemandados a los ediles de PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA.
El decreto, firmado por el responsable de Economía, Fernando Rivarés, sortea así la paralización de esos créditos aprobada por una mayoría plenaria; obviando los informes de Intervención y de la Secretaría General que la avaló; levantando una medida cautelar que ahora ZeC concluye que es «legalmente improcedente»; y resolviendo un expediente que ha decidido ni abrir y sin esperar a que haya sentencia sobre el amparo judicial que solicitó ante ese bloqueo de las cuentas.
ZeC se erige en juez justo después de que el juez haya desestimado su recurso que pedía que los ediles de PP, PSOE, Cs y CHA no fueran codemandados. Abandona la judicialización que él mismo inició para circunscribir ahora la discusión al debate político, pero sin respetar la mayoría del pleno. Y lo anuncia solo cinco días después de que toda la oposición acudiera a la Ciudad de la Justicia a personarse para reivindicar su derecho a defenderse.
ENTURBIAR EL DEBATE
Pero ZeC ahora considera que la decisión del tribunal, que no es la que el Gobierno pretendía, «enturbia el debate político» porque «se ha excedido» en el objeto del contencioso, según apuntó el concejal Pablo Muñoz, autor del recurso. Y lo revistió de «gesto de buena voluntad y buena fe», para ofrecer diálogo, especialmente a los partidos de izquierda, porque es «el momento de aislar políticamente al PP de la Gürtel».
«Nunca la derecha había sido tan corrupta, tienen que huir de esa escenificación y acudir a un pacto de izquierdas en Zaragoza», expuso el edil de ZeC. Junto a él, Rivarés, presentando el decreto que se traduce en una sentencia anticipada del contencioso que él estaba retirando. Le pidieron auxilio a los tribunales y ahora desisten porque el Gobierno ya ha concluido, sin esperar al veredicto, que el bloqueo es ilegal.
Porque del pulso en las sociedades «subyace un conflicto político», dijeron. Pero ZeC no ve la gravedad de lo que los ediles defendían ayer: «El pleno puede declararlo pero es el Gobierno el que debe abrir el expediente», explicó Rivarés. Obvió que la moción aprobada tenía el visto bueno de hasta tres informes vinculantes: los de Intervención, Secretaría y los servicios jurídicos.
SUS MOTIVOS
Por contra, su decisión de dar carpetazo al expediente sin ni siquiera abrirlo no se apoya en ninguno de los tres. Lo hace en la valoración de los técnicos, los «gerentes» de las sociedades, que han argumentado al Gobierno que este bloqueo de los fondos «tendría consecuencias terriblemente negativas para la ciudad», y en la conclusión unánime, añadió, de que «no hay motivos económicos ni jurídicos para iniciar este expediente», que «deben ser los que justifiquen las actuaciones políticas».
Así basó el edil de ZeC la declaración de «ilegalmente improcedente» de una cautelar que tenía desde marzo bloqueadas unas transferencias de capital a las que ahora da luz verde para disponer de ellas. Porque «conculcaría la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos ya que no existe motivación alguna para acordar la paralización de todas las aplicaciones de forma indiscriminada», describe el decreto de Rivarés. Con ello se podrían en riesgo, añadió, el «cumplimiento de la ejecución presupuestaria», obviar que «no hay razones de prudencia financiera» y «vulnerar los principios de la Administración».
Y de nuevo otro argumento ya conocido: la oposición «ha intentado hurtar al Gobierno de sus competencias» y que sus decisiones solo buscan el «bloqueo».
