Las reacciones en Aragón por parte de ayuntamientos, expertos y asociaciones de consumidores fue dispar. Así, desde el consistorio de la capital, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) restó importancia a los efectos inmediatos de la sentencia del Constitucional asegurando que sus efectos inmediatos serán «cero». Otros, como la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) y expertos como el abogado Santiago Palazón, insistían en la necesidad de revisar todos los casos de los últimos cuatro años. Mientras, desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ni siquiera hizo valoraciones y se quedó solo en que tiene «que analizar las consecuencias» de un fallo que afectará a las 731 localidades. Solo les une a todos una conclusión: urge la reforma de la ley que regula el impuesto sobre la plusvalía. Y eso le toca al Gobierno central.

El portavoz de ZeC en Zaragoza, Pablo Muñoz, destacó que su partido siempre ha defendido que el impuesto, tal y como está configurado en la actualidad es «injusto». Y, por tanto, les parecerá «estupendo» que esa reforma se produzca, aunque afecte a la segunda fuente de ingresos tributarios de la capital --son más de 70 millones de euros al año--. Sería, a su juicio, «lo aceptable».

Lo cierto es que, según destacan todos, el problema hoy, después de declarar inconstitucional el cobro de este impuesto sobre inmuebles que, con la crisis, se han devaluado es que ayuntamientos como el zaragozano siguen estando obligados a recaudarlo igual que hasta ahora. Porque le obliga una ley que no ha sido reformada. Y con el agravante de saber que quizá tengan que devolver dinero en el futuro.