El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) presenta este martes 137 enmiendas para mover 25,7 millones de euros (44 si se tienen en cuenta los plurianuales) del presupuesto de 2020 elaborado por el Gobierno PP-Cs, que tildan de "tramposo" y "opaco".

El Gobierno de la ciudad, en palabras del portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha demostrado su "ineptitud" para gestionar lo público y es "deshonesto" porque ha mentido sobre las finanzas para justificar recortes.

Además, el hecho de que en poco más de un mes vayan a estar aprobadas con la Navidad por medio y el alcalde "de vacaciones" demuestra que el Gobierno PP-Cs podía haber aprobado perfectamente un presupuesto en 2019 que hubiera permitido una mayor inversión.

En cuanto al proyecto actual, ha insistido en que abunda en el modelo "fracasado" de la burbuja inmobiliaria, en el "abandono" a los barrios y en el "desprecio" a la participación del tejido asociativo y los vecinos, echando por tierra los presupuestos participativos o la inversión en los planes de barrio.

Por su parte, la concejala Luisa Broto ha recordado que las más de mil alegaciones presentadas por entidades de la sociedad civil demuestran que el proyecto de presupuesto es "mejorable" y ha emplazado al Gobierno PP-Cs a tener una "especial sensibilidad" y atender esas demandas.

Del mismo modo, ha criticado que todavía no se conoce el "peaje" que va a tener que pagar el equipo de gobierno para conseguir los necesarios votos de Vox.

Tampoco les ha aclarado cómo se va a gestionar la reforma de las ayudas de urgente necesidad y siguen sin conocer el presupuesto detallado de sociedades municipales como Zaragoza Cultural o patronatos como el de Artes Escénicas y el de Turismo, algo "inaudito", ha denunciado.

Asimismo, ZeC presentará dos enmiendas a las bases de ejecución: una para que las modificaciones de crédito pasen por Pleno y otra para que las convalidaciones de gasto no lo hagan, ya que ello ha supuesto un retraso en el pago a las pequeñas y medianas empresas.

"No puede ser" que la consejera no quiera firmar "facturas de 100 euros o menos", pero sí modificaciones a partir de 200.000 euros para "las grandes empresas", ha remachado.

Por último, ha acusado al equipo de gobierno de abordar una "ideologización" de determinados convenios y ha pedido que, si pretende sacarlos a concurso público, lo haga con todos ellos, aunque se ha mostrado partidaria de que se dé una alternativa o una moratoria que permita que las entidades sociales afectadas sigan trabajando en la ciudad.