De nuevo el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se plantea la posibilidad de captar créditos bancarios, pese a que la prohibición del Ministerio de Hacienda sigue vigente -desde septiembre- y de que esa imposibilidad es la que acabó desechando la aprobación del presupuesto de este año en el consistorio. Ahora ese dinero ya no es para planificar inversiones en la ciudad sino para hacer frente a la deuda con una de sus contratas, FCC, por las revisiones de precios de los años 2009 al 2013 que acabaron judicializadas. Ahora el Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso municipal, y la captación de nuevos préstamos será una de las herramientas que se utilicen para hacer frente a los más de 8 millones que se calcula que habrá que desembolsar en cuanto se haga efectivo el fallo.

El responsable de las finanzas del consistorio, Fernando Rivarés, explicó ayer cómo encajar este duro revés judicial en las cuentas, aunque no pudo evitar valorar que «el Tribunal Supremo no ha rechazado la posición del ayuntamiento, la ha inadmitido, y significa que ahora no va a decir nunca nada sobre lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Aragón» que «unas veces ha dado la razon al ayuntamiento y otras no».

Por ejemplo, por el mismo hecho, la revisión de precios por la mano de obra, en el caso de TUZSA le permitió ahorrarse «12,5 millones» y ahora les condena a pagar una cantidad que, calculó, rondará los 8 o 9 millones de euros. «El Supremo se inhibe y eso es dejar a los ayuntamientos tirados, porque ahora desaparece como órgano de apelación», lamentó.

PLAN DE PAGOS // Pero ahora toca pagar y buscar la forma de hacerlo en cuanto se haga oficial el fallo, previsiblemente a finales de mayo. Rivarés respondió que la idea del Gobierno es proponer pagarlo de dos maneras, con «un reajuste del Plan de Reducción de Deuda (PRD) que está vigente y que permita bajar al 109% de nivel de endeudamiento el 31 de diciembre del 2019» para «pedir un nuevo crédito al Fondo de Impulso estatal para el pago de sentencias condenatorias», y «también pedir préstamos bancarios». El objetivo es conseguir créditos al 0,4% de interés que rebajen el 1,3% de algunos de los actuales.

Y, al mismo tiempo, plantearse qué hacer con las que están por llegar, porque este precedente abre la puerta a que sean igualmente condenatorias las revisiones de precios por la mano de obra de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Para estos, le propondrán a FCC «un plan negociado de pagos como se hizo con la sentencia del Tiro de Pichón».

El concejal de Economía insistió en la «barbaridad» que se hizo en el pasado de no pagar la totalidad de lo que se reclamaba por estar en desacuerdo con una parte, la mano de obra. «De haberse pagado, los costes hoy serían «infinitamente menores», remarcó Rivarés. «Hemos pagado 105 millones en sentencias condenatorias de los años locos del pasado», apostilló el edil, que aseguró que Zaragoza seguirá pagando estos «pufos» a la multinacional «hasta el 2026 o el 2027».