El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, inauguró ayer el nuevo curso político hablando de impuestos. Anunció la intención de su Gobierno de congelar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Tras su periodo vacacional, el primer edil recuperó el discurso de que pague más «el que más tiene» y bajo este lema van a diseñar las propuestas de las ordenanzas fiscales del próximo año. El siguiente paso será sentarse a negociar con el resto de formaciones.

Zaragoza en Común (ZeC) volverá a intentar subir a los municipios de la provincia que utilizan el vertedero municipal el impuesto por gestionar sus residuos. Una tasa que no cubre los gastos que genera el tratamiento, motivo por el que ZeC tratará de equipararla al coste real de forma «progresiva» en los dos próximos años, con una subida importante en el 2018 y otra en el 2019.

El precio por tonelada ronda los 17 euros, cuando en realidad genera un coste de 32 por tonelada. El alcalde explicó que la intención del Gobierno de la ciudad pasa por incrementar hasta los 26 euros el precio el próximo año y el resto, en el 2019.

«Nuestro vertedero se va a colmatar y necesitamos dinero para ir pensando en futuras actuaciones», señaló. Además, insistió en que los zaragozanos llevan años «subvencionando de forma encubierta» la gestión de los residuos del resto de localidades.

ACUERDOS

ZeC ya trató sin éxito el año pasado equilibrar este impuesto, pero no contó con el apoyo del PSOE, que propuso esperar a la firma del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Respecto al IBI, el primer edil anunció «pequeñas subidas» para los inmuebles con un valor catastral superior a los 800.000 euros. Su intención es que el próximo año haya más subvenciones en vivienda. Actualmente se bonifica el 95% de los valores catastrales menores de 100.000 euros, pero ahora pretende aumentar el límite hasta los 150.000.

El año pasado, ZeC, PSOE y CHA ya aprobaron congelar el recibo del IBI para el 99,8% de los hogares zaragozanos y subírselo un 10% a aquellos inmuebles comerciales cuyo valor catastral superaba el millón de euros, es decir, a un 0,11% del total, que suponía 558 locales.

Ahora llega el turno de los despachos y las negociaciones. Cada área tendrá que realizar sus propuestas, explicó Santisteve, para posteriormente iniciar la ronda de contactos con los grupos municipales, principalmente con las formaciones de izquierdas, PSOE y CHA.

Santisteve no desaprovechó la ocasión para atacar al Estado. «Mientras el Gobierno central no se plantee unas vías de financiación decentes, los ayuntamientos tienen que buscar las suyas», declaró para justificar aquellas que planteará el Gobierno en su propuesta de ordenanzas fiscales.

«No nos gusta el mecanismo de financiación de los ayuntamientos y que el Gobierno central el que fije los impuestos y que luego sea el consistorio el que asuma la bofetada de subirlos», insistió.