La concejala de ZeC Luisa Broto ha propuesto este miércoles la creación de una comercializadora eléctrica municipal para atajar "de raíz" la pobreza energética y garantizar el acceso a la energía como un bien público.

Esta propuesta llega justo cuando se celebra la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, cuyo objetivo es dar una mayor visibilidad a este problema.

En rueda de prensa, Broto ha señalado que un 8,6 por ciento de los aragoneses vive en situación de pobreza energética, 1,3 puntos más que el conjunto del Estado.

Asimismo, el relator de la ONU sobre la pobreza, Philip Alston, indicaba en su informe que casi el 10 por ciento de la población española no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, la mayoría familias monoparentales, según otros estudios.

Además, muchas de estas familias que tienen que elegir entre la alimentación y calentar la casa tienen menores y adolescentes a su cargo, por lo que esta situación afecta a su salud, a su desarrollo e impide que el domicilio actúe como el "ámbito de refugio" que suele ser.

Por ello, desde ZeC reclaman al Gobierno de la ciudad que tome medidas más allá de las superficiales y que ataquen el origen de la problemática.

Esta comercializadora municipal, que ya funciona en ciudades como Cádiz, tendría una doble función: evitar los cortes de suministro en los meses invernales, como sucede en la mayoría de países del Norte de Europa, y que parte de las ayudas públicas a las familias para afrontar estos gastos reviertan en la ciudad.

Broto ha aprovechado también para pedir al equipo de gobierno que retorne al modelo anterior de ayudas de urgencia y que vuelvan a ser ayudas directas, dado que durante el anterior mandato sirvieron para evitar más de 19.000 cortes de suministro eléctrico por una cuantía de 2,2 millones de euros.

Del mismo modo, ha instado a retomar el Plan Municipal de Rehabilitación Urbana, dirigido a la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de 3.000 viviendas, principalmente las de menores recursos.

Por último, ha emplazado al Gobierno PP-Cs a continuar el trabajo realizado junto con otras ciudades el pasado mandato para liderar la reclamación de un "bono social justo", que obligue a las compañías eléctricas a permitir que cada domicilio pueda adaptar su tarifa y su potencia a sus necesidades reales.