En septiembre del 2015, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) realizó una auditoría a las cuentas que, según anunció, destapaba un agujero de la legislatura anterior de 55,38 millones de euros, que se adeudaban a las grandes contratas que prestan los servicios públicos del ayuntamiento. Ayer salió nuevamente para adelantar que «en solo dos años y medio», y no en cuatro como prometieron, esta se ha reducido «a cero». Aunque ese boquete ya tapado ahora era de 64,7 millones, porque el resto, unos 9,4, son de intereses de demora generados.
Lo que más cuesta desgranar es de dónde ha salido semejante inyección de dinero. Según el responsable de Economía, Fernando Rivarés, y su homólogo en Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, de «reducir los grandes fastos», de la reestructuración de la deuda bancaria y del «aumento de los ingresos» anuales.
Lo único que quedaba meridianamente claro, aparte de que ZeC ahora, además de cumplir con los bancos, también lo hace con las grandes multinacionales, es que quitarse esa deuda con las contratas significa «tener mayor autonomía» a la hora de negociar «de tú a tú» con firmas como FCC en los pagos por el mantenimiento de los parques. Aunque a ella aún le adeudan «4 millones», que se abonarán «con el remanente de tesorería» del presupuesto del 2017. Es decir, en breve.
EN EL 2017
El esfuerzo entre el 2015 y el 2017 ha sido sobrepresupuestar las partidas de estos servicios y dedicar al pago de esas deudas las modificaciones de crédito que se pudieran. Así, solo el primer año se redujo en 13 millones, para pagar la deuda de la luz (5,9 millones), el mantenimiento del alumbrado (4) y el suministro de agua (3,89). Un año después. al finalizar el 2016, la cifra ya ascendía a 33 millones: 7,26 del transporte urbano; 1,64 de las prestaciones domiciliarias y teleasistencia; 1,53 por el plan de choque contra la crisis; y pasar de 11,88 a 6,69 la de la recogida de residuos y la limpieza (pagó 5,2).
El 2017 finiquitó el resto, más de 31 millones y sin tocar la inversión, garantizó Rivarés, consciente de que la baja ejecución podría ser una importante fuente de financiación. Lo negó y dijo que «este año no debería haber modificaciones presupuestarias, en principio».
El edil aseguró que sale de conceptos como los 4 millones que no se gastaron por las oposiciones que no se pudieron realizar, los «fastos» como la navegación fluvial (un millón) o los gastos de representación, que se han suprimido o reducido al máximo, y del aumento de los ingresos, vía aportación del Estado o de impuestos como el IBI o la plusvalía, que ha proporcionado más dinero. Y reestructurar la deuda, sobre todo la de Zaragoza Alta Velocidad, que solo el año pasado proporcionaba 10 millones extra.
