El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) convocó ayer a los portavoces de los grupos municipales para debatir sobre la seguridad en el montaje de las carpas y el seguimiento que, según la norma, se debe seguir antes de autorizar su apertura. No fue un «grupo de trabajo», como se acordó en la junta de portavoces extraordinaria, sino que se redujo a un mero encuentro, sin previsión de tener periodicidad y en el que el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, relató la normativa autonómica por la que se rige el consistorio para firmar las autorizaciones.
El responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, no asistió a la cita, a pesar de ser el máximo responsable y estar investigado por el suceso ocurrido en las fiestas del Pilar, en el que una mujer resultó gravemente herida por la caída de una viga la carpa de la Oktoberfest.
En el encuentro se explicó que, por parte del ayuntamiento, solo el Cuerpo de Bomberos inspecciona la instalación. También se admitió que el área de Servicios Públicos no tiene ningún ingeniero capacitado para confirmar que el montaje es correcto.
La socialista Marta Aparicio lamentó que ZeC sigue sin explicar si se ha cambiado el protocolo o el procedimiento administrativo para otorgar las licencias. «Tiene un interés cero», aseguró para relacionar la ausencia de Cubero con la intención del Gobierno de silenciar su «incontinencia verbal». Desde el PP, Sebastián Contín aseguró que «ese asunto no le preocupa a ZeC que reconoce que no ha hecho nada desde octubre». Contín recordó que el PP presentó hasta cinco propuestas para mejorar y endurecer los trámites de seguridad y que, hasta la fecha, no han obtenido respuesta alguna sobre su viabilidad.
Chunta Aragonesista propuso que haya un técnico municipal cualificado para inspeccionar las carpas. Su portavoz, Leticia Crespo, insistió en que la responsabilidad última es del ayuntamiento. Alberto Casañal (C’s), planteó que se complemente la norma de la DGA con un decreto municipal que mejore los protocolos de actuación. Muñoz se comprometió a emplazar a los portavoces a un segundo encuentro donde analizar la viabilidad de las propuestas.
