El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer suspender cautelarmente los trámites de expropiación de cuatro parcelas que solicitaba Iberebro para la construcción de Torre Village. La decisión la ha tomado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) declarase nulo el plan especial para la construcción del outlet de Pikolín. También se propondrá en la próxima gerencia de Urbanismo suspender las licencias pendientes de aprobación.

El ayuntamiento había iniciado los trámites para expropiar cuatro fincas que suman 10.000 metros cuadrados para desviar por ella una acequia que ahora atraviesa la zona de ejecución del futuro outlet. Según explicó el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, «al haberse anulado el plan especial, desaparece la causa de expropiación y, por tanto, se anula la expropiación». Hasta ahora, al existir un interés de utilidad pública, el consistorio podía proceder a enajenar los terrenos, algo que ya no existe.

Con esta decisión, el consistorio «evita que se produzcan perjuicios tanto para los sujetos expropiados como para la administración actuante», según consta en el informe que ayer aprobó el Gobierno. Se trata de «una medida excepcional, temporal y de naturaleza cautelar» con la que se busca evitar que la sentencia pueda generar afecciones a terceros o que se haga imposible el cumplimiento de la misma. «Se ha acabado la época de modificar la ley cuando el tribunal dice que se ha incumplido la norma», afirmó el concejal, que volvió a mostrar su apoyo al comercio de proximidad.

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Por otro lado, en la próxima gerencia de Urbanismo propondrán la suspensión de varias licencias que todavía estaban pendientes de aprobación. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la licencia urbanística de actividad clasificada para ejecutar los cines o la solicitada para reacondicionar un local en restaurante. Se trata de «cosas que no están empezadas y cuyos usos no se adecúan a lo que establece el plan», matizó. Los edificios ya construidos tienen concedida licencia de actividades sin uso, por lo que no contradicen el fallo.

El concejal criticó que se haya iniciado un debate en el que se cuestione la responsabilidad patrimonial del consistorio. A su juicio, «es torticera y no se ha aprobado por el momento». Además, ley del suelo «no recoge expresamente que se deba dar una responsabilidad patrimonial cuando se anula una norma», explicó. Muñoz volvió a cuestionar que en el convenio que se acordó, pero no aprobó, en el 2008, «nunca se incluyó la posibilidad de hacer un centro comercial». En cambio, tenía una cláusula en la que se decía que el consistorio no tendría responsabilidades si el proyecto se truncaba.

Respecto a la decisión de Iberebro de continuar con los trabajos, Muñoz aseguró que lo hacían «bajo su responsabilidad» y a sabiendas de «que vulneran el plan» por lo que «en ningún caso podría luego pedir responsabilidad a la administración porque es nulo de pleno derecho».