La prisión de Zuera, con 1.703 reclusos el pasado 1 de octubre, es la tercera prisión más poblada de España, después de la de Valencia (2.370) y la madrileña de Soto del Real (1.798), Además la provincia de Zaragoza, que también acoge la cárcel de Daroca, con una población total de 2.243 presos es el quinto territorio penitenciario del Estado, excluida Cataluña, según un estudio del sindicato de funcionarios ACAIP.

Los datos sindicales reflejan que, en esa fecha, las cárceles españolas bordeaban los 60.000 presos, la población penitenciaria más alta desde la postguerra civil, de la que casi un 28% corresponde a internos extranjeros, el colectivo que más se ha incrementado desde 1999 (110,45%), al pasar de 7.900 a 16.626, el pasado 1 de septiembre. En ese mismo periodo, los presos de nacionalidad española aumentaron en un 17.91%.

Por nacionalidades, el colectivo más numeroso de reclusos es el marroquí, con 4.625 internos, seguido por los colombianos (1.985), argelinos (1.182) y ecuatorianos (427). Los presos procedentes de países de la Unión Europea sumaban el pasado 31 de diciembre 1.812, un 11,9% del total.

SIN REDENCION Fuentes jurídicas y penitenciarias consultadas por este periódico coincidieron en señalar que la situación actual de las cárceles españolas tienen su origen en la reforma del régimen penitenciario impuesta por el Gobierno del PP en 1997, que anulaba la redención de penas por trabajo, y el progresivo endurecimiento del Código Penal.

"Esta medida, que ha convertido las cárceles en una bomba de relojería, no fue acompañada de la creación de nuevos centros ni de la provisión de más plazas de funcionarios, lo que ha llevado a la masificación y al deterioro de las condiciones en que viven los internos, una situación que empeorará aún más hasta el 2007, año en el que está previsto abrir nuevas prisiones", señalaron en medios sindicales.

El endurecimiento del régimen penitenciario no ha conseguido, por otra parte, el efecto que perseguía la Administración, la reducción de los índices de delincuencia, que no ha parado de crecer desde entonces en todas las comunidades españolas hasta alcanzar cifras de delitos históricas.

Frente al aumento de la tasa de criminalidad, el otro pilar de la seguridad en España, los Cuerpos y Fuerzas del Estado, tampoco se ha adecuado a las necesidades actuales con medios y efectivos, además de fallar sus estructuras organizativas (Plan 2000). Incluso ha habido una fuerte disminución de personal en todos los Cuerpos, salvo en los de las policías locales.

Su tasa de eficacia, número de delitos resueltos por cada 100 conocidos, no ha variado en los últimos años y sigue oscilando entre el 20% y el 25%, con tendencia a la baja.