Un cargo de libre designación, sin consultas a otras formaciones y elegido con la sordina que da un mes y medio de Estado de Alarma y mínima actividad política. Ésta ha sido la fórmula escogida por el Gobierno andaluz de PP y Cs para nombrar al nuevo Comisionado para la Concordia, la figura que debe superar la Ley autonómica de Memoria Histórica a petición de Vox y que el ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla proclamó que, en cualquier caso, buscaría el consenso de todas las fuerzas políticas andaluzas. El elegido, Francisco Javier Arroyo Navarro, es además una persona sin experiencia alguna en su nueva área de trabajo, lo que ha sumado estupor a las asociaciones memorialistas y la oposición política, que reprocha la nocturnidad y alevosía del nombramiento en plena crisis del coronavirus.

La designación de Arroyo Navarro, un técnico vinculado a distintas administraciones del PP y con el foco puesto en la promoción del Turismo, fue adelantada este jueves por La Razón. El nuevo comisionado es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998. Su carrera hasta el momento le ha llevado a la Delegación del Gobierno en Andalucía junto a la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y a la Consejería de Hacienda, donde hasta la fecha era subdirector de coordinación y control presupuestario. Con anterioridad, fue consejero de Turismo en la Embajada de España en Buenos Aires, según consta en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del día 23, donde consta su nombramiento.

"IMPOSICIÓN TOTALITARIA Y SESGADA"

Arroyo Navarro deberá concentrar sus esfuerzos a partir de ahora en revisar la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática, una norma aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, ya que el esfuerzo por un consenso de mínimos permitió la abstención de PP y Cs. Pero Vox irrumpió en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas de 2018, y desde entonces no ha desaprovechado ocasión de desprestigiar y solicitar la derogación de una ley que impone de forma totalitaria una visión sesgada de la historia andaluza entre 1931 y 1982. De hecho, incluyó esta derogación en su acuerdo para apoyar al nuevo gobierno de derechas.

Ese cuestionamiento de la política memorialista, un debate ya cerrado en Andalucía al igual que el de violencia de género, llevó al PP a escorar su postura y llegar a tildar la norma de revanchista. Y aunque no llegó al extremo de solicitar su derogación, los populares si apelaron al espíritu de la Transición para promover su sustitución por una Ley de la Concordia que, para salir adelante, aseguraron, debía contar con el máximo apoyo posible.

POLÍTICAS EN RETROCESO

Sin embargo, en estos 15 meses transcurridos desde la llegada al poder del PP y Cs, las políticas de recuperación de la memoria histórica y la recuperación del honor de las víctimas franquistas ha ido agonizando por abandono. Se mantiene el presupuesto similar al de la anterior legislatura para exhumaciones e identificaciones genéticas, pero el resto de actuaciones no se han desarrollado. De hecho, sigue sin desarrollarse el apartado referido a la presencia de símbolos franquistas en los municipios o el callejero. Antes al contrario, desde el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el PP, se ha promovido la vuelta de rótulos alusivos a personajes vinculados a la dictadura. Y la exhumación de Queipo de Llano, el general franquista enterrado en la basílica de la Macarena (Sevilla), sigue en stand by.

Asimismo, Vox ha cuestionado en varias ocasiones las ayudas a las asociaciones memorialistas, reclamando que se dediquen a acciones sobre el terreno y no a financiación de los gastos de las distintas entidades, y presentó hace unos meses su propio articulado de la nueva ley, en la que pedían reconocimiento para "los caídos en ambos bandos".

El nombramiento de Arroyo Navarro ha caído como un jarro de agua fría sobre las asociaciones y colectivos memorialistas, mundo al que dicen que es completamente ajeno. Desde Adelante Andalucía afean la nocturnidad y alevosía para intentar tapar una nueva concesión a Vox, que demuestra además la nula intención del Gobierno de las derechas por desarrollar políticas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. La confluencia de izquierdas reprocha además que la decisión haya sido adoptada en plena crisis del Covid-19, sin haber consultado ni a la oposición, ni a las asociaciones de memoria histórica y democrática de Andalucía.