Los gobiernos de Aragón y Cataluña se reunieron ayer con el Ministerio de Sanidad de manera telemática para analizar la evolución de los brotes de coronavirus activos en la comarca del Segriá en Lérida y en las comarcas del Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo-Aragón Caspe en Aragón. Una reunión en la que no se tomó «ninguna decisión concreta» respecto a las medidas de ambos gobiernos para atajar estos brotes, sino que se compartió información sobre la situación epidemiológica en ambas zonas.
Una reunión que desde el Ejecutivo aragonés califican de «rutinaria» y en la que «no se tomó ninguna decisión relevante», pero que se produce solo 24 horas antes de la reunión interterritorial del Ministerio de Sanidad con los consejeros del ramo de todas las autonomías, que se celebrará esta tarde tras ser pospuesta por el propio ministerio.
Una cita en la que, aunque el Gobierno de Lambán es autónomo para decidir sobre el regreso de las comarcas a la nueva normalidad o seguir en fase 2, podría informar al ministerio y coordinar la actuación tanto con Illa como con la Generalitat. No en vano, en la reunión celebrada ayer participaron el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, el director general de Salud Pública en Aragón, Francisco Javier Falo, y su homólogo catalán. Según fuentes oficiales, un encuentro que forma parte de los «contactos habituales» que se mantienen «casi a diario», pero «intensificados con los rebrotes».
Y es que aunque el Ejecutivo aragonés dijo ya el pasado 24 de junio que el brote de las comarcas en fase 2 se «daba por controlado», este lunes fuentes oficiales del Gobierno hablaban de que el rebrote se encuentra «en fase de control». La consejera de Sanidad, Sira Repollés, afirmó este martes que la evolución del brote en el Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe era «positiva» y que antes del fin de semana se tomaría una decisión sobre el regreso de estos territorios a la nueva normalidad.
Pero ayer mismo, de nuevo fuentes oficiales del Ejecutivo aragonés, manifestaron que «van a seguir saliendo casos positivos» en estos territorios y que, en cualquier caso, antes del fin de semana se tomará una decisión «sobre el regreso a la nueva normalidad o seguir en fase 2». Es decir, tras quince días de «dar por controlado el brote», se asume que siguen saliendo positivos, aunque aseguran que «la situación sanitaria se mantiene igual» y que los repuntes forman parte de la «evolución epidemiológica normal».
PLAN DE CHOQUE DE LA GENERALITAT
A la par, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue siendo errante con respecto a la gestión del coronavirus y ayer acusó a Madrid del problema en Lérida. Después del criticado viraje en la decisión de confinar a la población del Segriá tan solo horas después de afirmar que tal medida no se aplicaría, cobraba fuerza el rumor de un confinamiento total. Finalmente, la Generalitat opta por un plan de choque para la población vulnerable.
El plan que la Consejería de Salud está diseñando arrancó ayer con sesiones de trabajo en las localidades de Aitona y de Alcarrás, dos de los municipios que concentran más población temporera. El plan de choque para estos pueblos implicará no solo a los trabajadores del sector sanitario sino también a agentes sociales, que tienen un papel clave en la detección y seguimiento de nuevos contagiados, y a las fuerzas de seguridad.
Los últimos datos catalanes de Salud añadieron ayer un nuevo brote (el décimoquinto) en una empresa hortofrutícola de la comarca y un nuevo paciente hospitalizado en la uci, de modo que el total de ingresados por covid-19 son 69, nueve en estado crítico, explicó la gerente de las regiones sanitarias de Lérida y Alto Pirineo y Arán, Divina Farreny, que anunció una campaña intensiva de pruebas en las 33 residencias de la comarca. La consejera catalana de Salud, Alba Vergès, se refirió a la «compleja situación» de estos municipios en los que se recoge la fruta «porque en estos meses multiplican la población por tres».
El hecho de que la mayoría de temporeros carezcan de un domicilio fijo dificulta el necesario confinamiento en caso de que den positivo de coronavirus. Por eso el Govern ha pedido a los municipios que cedan edificios públicos donde poder realizar los aislamientos temporales, como ya se hiciera en Aragón.
La consejera catalana de Agricultura, Teresa Jordà, explicó que cada año en las comarcas de Lérida «se necesitan entre 35.000 y 38.000 personas para la campaña», pero que este verano, a causa de un temporal, la producción ha caído «y sólo hacen falta unas 20.000». Visiblemente molesta, Jordà ha afirmado: «Ya basta de señalar al pagés por las condiciones de los temporeros, ya que la inmensa mayoría tienen los trabajadores bien contratados y cumplen con los protocolos».
Las tres consejeras coincidieron en afirmar que el problema del Segriá, en el que se espera un importante aumento de contagios de coronavirus en las próximas semanas, es además de sanitario, social, y que por ello están trabajando juntos los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y Agricultura, además de Salud. En la misma línea en Aragón, el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, señaló que los problemas de hacinamiento de temporeros son «puntuales».
