Aragón materializará el lunes el pacto entre todos los agentes políticos y sociales para la recuperación de la comunidad después de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Aragón volverá a ser ejemplo de pactos, dejando patente de nuevo que lo que ocurre en la Aljafería tiene poco o nada que ver con lo que sucede en el Congreso de los diputados, aunque en la sesión plenaria de ayer subiera varios decibelios el tono de reproches desde la bancada del PP y de Vox hacia la gestión del cuatripartito.

Más allá de esto, el lunes, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, (salvo Vox), la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, los sindicatos CCOO y UGT y CEOE y Cepyme firmarán un documento consensuado con medidas para salir de esta crisis. Reaparecerá, tras dos estancias hospitalarias en los últimos dos meses, el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga. Ayer mismo concluyó la elaboración del documento que incluye propuestas para la recuperación del territorio, de las políticas públicas, de la economía productiva y del empleo. También incluye peticiones conjuntas para el Gobierno central.

Y aunque no han trascendido cuáles serán las demandas para Pedro Sánchez, ayer Lambán criticó «la especie de discriminación a favor del País Vasco y Navarra» que se percibe tras el pacto del Gobierno central con EH Bildu. En su respuesta a la interpelación sobre este asunto planteada por el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, Lambán expresó que «lo peor» del acuerdo no es que recogiera la derogación de la reforma laboral, «algo que quedó en agua de borrajas tan solo en unas horas con la negativa de las ministras de Economía y de Empleo». Sino esa «discriminación» que juega a favor de estas comunidades forales. Lambán expresó que si bien hay «caminos distintos» recogidos en la Constitución, no está dispuesto a que «porque el camino sea distinto, la meta sea distinta porque se trata de que todos lleguemos al mismo sitio», dijo, en referencia a las distintas condiciones para gestionar el déficit y el endeudamiento.

En este mismo sentido, el líder socialista aragonés también se mostró «en absoluto desacuerdo» con que tanto Navarra como el País Vasco puedan gestionar de manera directa el Ingreso Mínimo Vital. «El problema de fondo es la disposición constitucional que tiene un espíritu contrario al resto y plantea desigualdades», denunció.