Aragón empieza a probar los test rápidos de Sanidad en una residencia de ancianos

La idea del Ejecutivo aragonés es, según fuentes de la consejería que dirige la socialista Pilar Ventura, que el uso de los test se realice de forma masiva «lo antes posible» entre el personal sanitario de los hospitales y de geriátricos porque son los entornos de alta prevalencia de la enfermedad.

No obstante, el ministerio reconoce que serán usadas como complemento a los PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimersa), los análisis más fiables, que requieren de un laboratorio. El motivo de que haya que complementar ambas técnicas es que los tests de detección rápida adquiridas por el Gobierno central, que ofrecen resultados en unos 15 minutos, sólo tienen una sensibilidad del 64% al inicio de los síntomas y de un 80% a partir de que la persona lleve siete o más días infectadas.

CAPACIDAD

Aún así, según destacó este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la convalidación del primer lote de test de detección rápida y su envío a las autonomías (que se complementará con otros cuatro millones de unidades en próximas fechas) permitirá incrementar entre un 30% y un 40% la capacidad de realizar PCR, dado que a las personas que den positivo no se les hará otra prueba, sólo si dan negativo, se confirmará con una prueba de laboratorio. Con ello y el aumento de la producción nacional de PCR, se abre la posibilidad de incrementar, al fin, el número de pruebas, que hace días se acotó a personas hospitalizadas y colectivos esenciales, lo que hace que la cifra oficial de diagnosticados, más de 135.000 ayer, sólo suponga la punta del iceberg, según avisan los expertos y reconoce el Gobierno de España.

En una primera fase se harán test también a personas con síntomas leves para así confirmar el diagnóstico y recetar el aislamiento o buscar otros motivos que puedan generar la fiebre y el malestar. En una segunda etapa, a la que el Ejecutivo no ha puesto fecha ni ha precisado cuántas pruebas se necesitarían, se analizará a la población en general, para lo cual se están diseñando estudios de prevalencia y se usarán también los test rápidos. Con ello se quiere chequear a cuántas personas han pasado, con o sin síntomas, la enfermedad y detectar así la inmunización comunitaria.

Los epidemiólogos avisan de que serán necesarios millones de test, cuyo resultado sería clave para decidir qué medidas de confinamiento comienzan a relajarse cuando acabe la prórroga del estado de alarma a finales de abril.

El proceso de desescalado de las restricciones, según subrayó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se regirá por cuatro criterios: la prudencia, la evidencia científica, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y la previsión. En base a ello, el Ejecutivo ha pedido a las autonomías un listado de infraestructuras, como hoteles o palacios de congresos, donde poder alojar a personas con síntomas o incluso asintomáticas que no puedan aislarse en sus casas y no requieran hospitalización.

Asimismo, se está analizando si es conveniente permitir que los niños puedan dar paseos cerca de casa y manteniendo las distancias. «Lo decidiremos con mucha prudencia», avisó el ministro. En la nueva fase el Gobierno también estudia pedir a la ciudadanía que, si abandona sus hogares, lo haga con mascarilla. Sin embargo, Illa señaló que «no se exigirá nada que no se pueda cumplir», en referencia a que si no hay un suministro suficiente en las farmacias, sería una mera recomendación, no una imposición.

El Gobierno de Aragón piensa parecido. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y a su vez portavoz del Ejecutivo, Mayte Pérez, éxplicó que deberá hacerse cuando se disponga del «suministro necesario»para proteger a la población y dar cumplimiento a la medida anunciada.