Al igual que ocurre con el número de contagiados que no son todos los que son por la falta de test, el número real de fallecidos infectados con covid-19 no está en la estadística que publica a diario el Ministerio de Sanidad. Detrás de las cifras oficiales se incluyen, por ejemplo en Aragón, los que mueren en los hospitales, residencias y en sus viviendas que han dado positivo en la prueba de coronavirus. En el caso de los asilos, la DGA ha decidido considerar positivo a todo anciano que esté en una residencia con más contagiados. De esta forma, el Ejecutivo autonómico responde a la solicitud ministerial a las administraciones autonómicas para recabar los datos de manera uniforme en la que solo contempla dar por fallecido a aquellos pacientes que tuvieran la confirmación de haber sido infectados.
Ahí no están los finados en los que sus dictámenes de defunción realizados por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) escriben que la causa de la muerte es natural y que sospechan de covid-19.
Llegan a esta conclusión tras analizar su historial clínico y en muchas ocasiones, después de que un familiar les haya dicho avisado que presentaba días antes los signos más visibles del virus: fiebre, problemas respiratorios o mialgias. No pueden certificarlo de ninguna forma puesto que no les practican autopsias a todos los cadáveres de muertes naturales.
Las estimaciones que manejan los forenses es que a la semana hay unas diez personas en la capital aragonesa en cuyo certificado de muerte aparece «sospecha de covid-19».
Tras el expediente iniciado por el TSJ de Castilla-La Mancha que ha llegado a la conclusión que en dicha comunidad las muertes sospechosas por el virus triplican a los datos oficiales, el Ministerio de Justicia ha solicitado a todos los registros civiles que les comuniquen los datos de todos los fallecidos y que figuran en los licencias de enterramiento para «pulir» la estadística de Sanidad.
CRÍTICAS
El recuento de datos de defunciones que el Ministerio de Justicia pidió a los Registros civiles para poder ofrecer una cifra objetiva sobre las muertes provocadas por la pandemiaestá siendo más complicado de lo que se esperaba, ya que son muy pocos los trabajadores los que acuden presencialmente a las oficinas, que muchas de las partidas de defunción no ofrecen información suficiente y que el correo electrónico habilitado para remitir toda la información recabada se ha colapsado.
Así lo ha denunciado la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ)--antes denominados secretarios judiciales-- en un comunicado, en el que asegura que debido a estas dificultades y otras, como que los juzgados de paz están cerrados, es "prácticamente imposible" que puedan enviar una relación completa de todos los datos registrados desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, tal y como ha exigido el Ministerio de Justicia.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de dejar fuera de la cifra de muertos por coronavirus a personas que, según, ha dicho están falleciendo por la enfermedad, pero sin que se les realice la prueba que confirme la infección. "Que los ancianos que fallecen en residencias no computen para el Gobierno porque no le dio tiempo de hacerles el test es miserable", ha dicho el portavoz en rueda de prensa recogida por Europa Press.
