El tejido productivo de Aragón se encuentra anestesiado desde que estalló la crisis del coronavirus, que ha logrado sortear a duras penas y gracias en gran medida al escudo social tejido por el Gobierno. Los avales del ICO, los ertes y la moratoria concursal han hecho que incluso desciendan las quiebras de empresas en el 2020, pero la realidad está en parte enmascarada. Muchas de las víctimas económicas que la pandemia está dejando a su paso aflorarán en los próximos meses. El horizonte es poco halagüeño y los expertos auguran una «tormenta perfecta» para la primavera, una especie de borrasca Filomena en el mundo empresarial que, si nada lo remedia, hará disparar tanto los concursos de acreedores como los llamados 'cerrojazos', es decir, los cierres desordenados de negocios.

Los expertos creen que esta catarsis afectará mayormente a pequeñas empresas y autónomos de los sectores más tocados por la pandemia como la hostelería, el turismo y el comercio. También se prevé que salgan a flote quiebras de compañías --algunas de cierto tamaño-- que ya estaban heridas de muerte antes del coronavirus y que han retrasando su caída gracias al balón de oxigeno que han encontrado en las medidas y ayudas excepcionales activadas por la Administración por el covid.

La fecha marcada en el calendario por los abogados, economistas y gestores administrativos especializados en el ámbito mercantil es el próximo 14 de marzo. Hasta esa fecha, aunque el deudor esté en insolvencia, no está obligado a declararse en concurso voluntario de acreedores y los jueces no pueden admitir a trámite los concursos necesarios (forzados por un acreedor).

Esta moratoria aplicada por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia ha generado un espejismo en las estadísticas. A pesar de la fuerte y rápida contracción de la actividad por el covid, el pasado año descendieron un 14% los concursos iniciados en Aragón respecto al 2019, al pasar de 148 a 127, según datos de la consultora Informa D&B. No obstante, la tendencia parece que ha empezado a a darse la vuelta con un incremento de insolvencias del 19% en el cuarto trimestre del 2020 y del 54% el pasado enero (de 13 a 20).

Arento, ELT, Oion, Eurosca e Imaginarium

El efecto de la pandemia y medidas como los préstamos ICO han alargado la agonía en algunos casos. Las grandes quiebras conocidas en el último año en la comunidad afectan a Arento, ELT, Oion, Eurosca o Imaginairum (ha anunciado que presentará concurso). Todas ellas son por problemas arrastrados del pasado y no fruto de la pandemia.

«Van a caer bastantes empresas, pero no las grandes, sino pequeños negocios, microempresas de dos o tres trabajadores que ya no pueden aguantar tras casi un año de restricciones de actividad», vaticina Carlos Terreu, experto en materia concursal del Colegio de Economistas de Aragón. Aunque cree que prácticamente todas las empresas se han golpeadas «de una manera u otra» por la crisis sanitaria, confía en que esta «primera criba» pase de largo por sectores como la industria, la automoción o la agroalimentación, salvo excepciones.

«Las empresas aragonesas que tenían una estructura saneada o un endeudamiento controlado antes de la crisis covid, tienen pulmón para seguir aguantando pérdidas», argumenta. A ello ayudan además los famosos créditos ICO que han regado de financiación a muchos negocios, cuya plazos de devolución se ha ido flexibilizando (hasta ocho años para su devolución).

Cierres descontrolados y ayudas directas

Los sectores que se van a ver más afectados son precisamente aquellos que más están sufriendo las consecuencias de las restricciones sanitarias, como son la hostelería, el turismo y parte del comercio. Estas actividades, según Terreu, «concentrarán un alto volumen de concursos» por estar en el «ojo del huracán» de esta crisis. Pequeños negocios, locales alquilares. «Si tenían algo de endeudamiento precio al covid, va a ser difícil que sobrevivan».

Terreu, que es socio y gerente de Castillero Auditores, advierte también de una oleada de «cierres desordenados», ya que muchas empresas ni siquiera presentarán concurso de acreedores al ser un proceso que tiene unos costes aparejados en operadores jurídicos como abogados o procuradores. Esto hará que no figuren en la estadística oficial.

Para frenar la sangría que se vislumbra, este economista es partidario de poner en marcha más medidas de apoyo a los sectores y empresas que han sido víctimas de la coronavirus, pero no a través de préstamos sino con ayudas directas en línea con «lo que se está haciendo en Europa», que a pequeña escala sí han concedido las administraciones locales y autonómicas. «Nuestras cuentas públicas no permiten muchas alegrías, pero si no se hace esto, va a ser difícil parar el golpe. Y tienen que hacerse pronto: lo que no sobreviva hasta el verano, difícilmente se salvará», sostiene. Recuerda que las empresas en concurso no puede recibir subvenciones.

Dos juzgados mercantiles en Zaragoza

Las sensaciones son muy parecidas desde el ámbito legal. «El sentir general de la profesión es que va a haber mucho concurso y de empresa pequeña», señala Alfredo Sánchez-Rubio, vicedecano del Colegio de Abogados de Zaragoza y especialista en materia mercantil o concursal.

La avalancha de concursos que se espera podría colapsar los juzgados teniendo en cuenta la elevada carga de trabajo de estos procesos. En Zaragoza solo hay dos mercantiles, que son los encargados de despachar estos casos.

Sánchez-Rubio también apuesta por nuevas medidas de apoyo, tanto desde el sector público como del privado, que permitan «un aterrizaje más suave» para afrontar la crudeza económica que vive la comunidad y toda España. Eso sí, precisa, priorizando las ayudas en «aquellos que se pueda acreditar que han hundido por el covid». «No es justo que el titular de un negocio abierto al público sea el que tenga que padecer más el problema al que nos enfrentamos», argumenta.

La Ley de Segunda Oportunidad

La ley de la Segunda Oportunidad, que aún sigue siendo algo desconocida, puede cobrar fuerza en esta reestructuración empresarial. Esta mecanismo, en vigor desde el 2015, permite que particulares y autónomos con una situación financiera crítica —con menso de 5 millones de euros de pasivo— puedan quedar exonerados de todas sus deudas si cumplen una serie de requisitos y se demuestra que han actuado de buena fe. «Cada vez hay más expedientes de este tipo pero se utiliza poco para el sobrendeudamiento que hay en la sociedad», explica Terreu. Esta herramienta, añade, puede ser «muy interesante y recomendable para un empresario individual con problemas financieros por el covid».