«No dejar a nadie atrás» después de una crisis «sin precedentes» provocada por la pandemia del coronavirus es la consigna que se marcaron ayer todos los participantes en la primera toma de contacto del Programa de Recuperación Económica y Social de Aragón, liderado por el Gobierno autonómico. Frente al espectáculo poco edificante de desacuerdos en Madrid, Aragón vuelve a ejercer como tierra de pactos. Incluso en un momento tan complicado como este, o precisamente por eso.
Desde Izquierda Unida a Vox. Desde la CEOE a CCOO. Todo el arco parlamentario aragonés y los agentes sociales dijeron ayer con una sola voz que la única salida tras la dramática crisis provocada por el covid-19 es «la unidad y el consenso». Se mostraron dispuestos a «limar ideologías», buscar la «transversalidad» y lanzar un mensaje de «seguridad y confianza a la sociedad aragonesa», aseguró el presidente aragonés, Javier Lambán.
Tras poner esta primera piedra colmada de voluntad de consenso, el martes empieza el trabajo técnico para definir las medidas de Aragón para salir de esta situación. El objetivo, aseguró Lambán, es «aportar las demandas de toda la sociedad aragonesa al pacto nacional» en el que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez.
En esta primera cita, los representantes de los ocho grupos parlamentarios de las Cortes (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, PAR, CHA e IU), la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), los presidentes de CEOE Aragón y Cepyme, y los secretarios generales de los principales sindicatos, CCOO Aragón y UGT Aragón, dialogaron durante más de tres horas para fijar los cimientos de este gran pacto. La sanidad, la economía y la respuesta social serán los pilares de la recuperación.
El presidente aragonés señaló que «todos compartimos la conciencia de la gravedad y la necesidad de trabajar juntos, así como las prioridades». Reconoció que también hubo «discrepancias», pero el objetivo es construir respuestas desde el consenso. «No queremos dormirnos; queremos trabajar de manera inmediata para poner soluciones», insistió Lambán, que aseguró que los aragoneses pueden estar hoy «más tranquilos» puesto que hay «un horizonte de solución y esperanza». Y, de nuevo, subrayó el compromiso de «todos» para «no defraudar la expectativa» de sus conciudadanos.
Garantizar el suministro de equipos de protección al personal sanitario y de residencias, dotar de liquidez a las pymes y autónomos y proteger a los trabajadores que vuelven a la actividad son algunas de las prioridades. También, todos los agentes incidieron en la importancia de reforzar y reformar el modelo productivo, de modo que la comunidad autónoma sea capaz de autoabastecerse de materiales estratégicos, como las mascarillas, y fortalecer los sectores como la logística, el turismo, las renovables o la agroalimentación.
Pero también hubo peros. Principalmente, los verbalizados por el portavoz del Partido Popular, Luis María Beamonte, que incidió en que «debemos saber con qué dinero contamos para saber qué podemos hacer». Y recomendó a Lambán actuar «por nuestra cuenta», no a la espera de lo que diga Moncloa, ya que «eso implicará dejar a gente por el camino». La patronal y los sindicatos se encontraron en el camino de «garantizar la seguridad de todos los trabajadores» y desde la FAMCP expresaron su apoyo al pacto como «vertebradores del territorio».
Las claves del pacto
1. Sanidad. Garantizar los recursos para los centros sanitarios y residencias son el primer objetivo y el más urgente. Aunque el Gobierno defiende que hay garantía de suministro y recursos humanos suficientes, la prioridad para salir de esta crisis pasa por «salvar cuantas más vidas posibles».
2. Empresas. Garantizar la liquidez de las pymes y autónomos es otra de las prioridades para mitigar los efectos de la crisis en el empleo y evitar que se cierren negocios. Las primeras propuestas pasan por el aplazamiento del pago de impuestos y tasas y facilitar el acceso a créditos.
3. Trabajadores. La vuelta al trabajo y a las plantas productivas «con garantías y seguridad» preocupa a sindicatos y empresarios. Reclaman equipos de protección individual y tests suficientes para evitar riesgos y que la vuelta a la actividad productiva no suponga un repunte de la enfermedad.
4. Financiación. Para poner en marcha estas medidas, los agentes aragoneses esperan contar con fondos del Gobierno central y de la UE. La FAMCP reclama que se puedan invertir los «700 millones de euros» que los 731 ayuntamientos aragoneses tienen en remanentes.
