La asociación sectorial de taxistas Taxi Project 2.0, liderada por Tito Álvarez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional contra la empresa de Uber, de vehículos de transportes con conductor (VTC) por los presuntos delitos de fraude a Hacienda y falsedad documental, al considerar que esta compañía utiliza un "entramado societario" en el extranjero para no pagar los impuestos en España. El presunto fraude alcanzaría, al menos, los 5,1 millones de euros por el impago del IVA solo en el 2018, a lo que se debería añadir el impuesto de sociedades. La denuncia se basa en un informe pericial económico realizado por la consultora Ekona.
La denuncia sostiene que "existen indicios fundados de que Uber se estaría sirviendo de un entramado societario y de la ingeniería contable y fiscal para eludir el pago de tributos o de cantidades retenidas o que se hubieran debido de retener" durante, al menos, los años 2017 y 2018, "lo que entrañaría delitos de defraudación a la Hacienda española". El texto, firmado por un representante de Taxi Project y el abogado que representa esta asociación, Daniel Vosseler, destaca que todas las sociedades relacionadas con Uber constituyen una única empresa real "bajo la apariencia de un falso grupo constituido con el objetivo de defraudar la ley", en perjuicio de la Agencia Tributaria española.
De EEUU a Singapur
A su entender y según el informe pericial, toda la "estructura empresarial" de Uber tiene por objeto canalizar los ingresos de sus negocio hacia el estado norteamericano de Delaware o países como Bermudas y Singapur, bajo "el pretexto de pago en concepto de royalties por explotación de la propiedad intelectual correspondiente a la plataforma digital u otros", ya que en ninguno de estos lugares se pagan impuestos por IVA, ni los ingresos tributan a nivel de beneficio de sociedades en el lugar de destino de las transacciones. Es decir, van a parar a paraísos fiscales.
El detallado informe pericial sostiene que "Uber realiza su actividad de transporte en España, pero gracias a su imaginativo esquema" no tributa en nuestro país por este concepto, dado que sus ingresos (20-30% de cada carrera) se "disfrazan" de compensación por sus servicios digitales y se envían directamente a Holanda a Uber BV".
La comisión por el servicio
El experto concreta como es esta operación: "Para evadir impuestos Uber separa su comisión de la facturada total de la carrera pagada por el usuario". En definitiva, "el usuario paga el servicio al conductor y además paga un porcentaje en concepto de esa intermediación digital (la aplicación para pedir un vehículo), que no existe como una realidad separada". La comisión de la empresa, incide, se canaliza hacia los paraísos fiscales en concepto de royalties "para la retribución de una propiedad industrial que sirve de caja negra que le permite abusar de la ley".
Según ha explicado en rueda de prensa los abogados Leire López y Lluis Domingo, del despacho de abogados Vosseler, está claro que la actividad que Uber desarrolla en España es la de transporte, tal y como ha dejado reflejado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no la relacionada con la simple intermediación a través de una aplicación digital para prestar su servicio. Estos letrados han precisado que la condena que les podría caer a los responsables de la empresa oscilaría entre los dos y seis años de cárcel, más una cuantiosa multa.
