No imaginaban los redactores que en junio de 1981 escribieron la ley que autoriza el establecimiento del estado de alarma que un virus desconocido procedente de una remota región de China sería el detonante de su aplicación, provocando el periodo de anomalía más largo de la democracia. Aquella ley se promulgó cuatro meses después de un intento de golpe de Estado y en pleno azote del terrorismo de ETA, el GRAPO y la ultraderecha. Al ruido de sables se le unía el nacimiento de los primeros Estatutos de autonomía. Un cóctel explosivo en una democracia aún inmadura.
Casi 40 años después, y salvo una excepción de dos días en el 2010 que pasó inadvertida para la mayoría de la población, casi se lleva un mes en estado de alarma, lo que ha supuesto la mayor limitación de libertades individuales y la suspensión de facto de la autonomía desde que España volvió a ser Estado de Derecho. Eso sí, por causas justificadas y ajenas a la política.
Esto ha supuesto una restricción de la autonomía de las comunidades, que admiten que el decreto supone implícitamente la aplicación de un artículo 155 en todas las comunidades. El mando único, formado por cuatro ministros, se apropia de toda capacidad de decisión, siendo los gobiernos autonómicos y el resto de comunidades meros espectadores en la toma de decisiones. Al menos, sobre el papel, ya que en la práctica, y tras los primeros reparos del presidente vasco, Iñigo Urkullu, y el catalán, Quim Torra, las comunidades autónomas tienen un mínimo margen de actuación y según los diversos Ejecutivos, las proposiciones procedentes de los presidentes autonómicos son escuchadas y algunas se han tenido en cuenta.
La relación entre presidentes es tan colaborativa que hasta Lambán y Torra se entienden
Tres días antes de anunciarse el estado de alarma, Aragón, al igual que otras comunidades como La Rioja, ya habían decidido suspender las clases. Ese mismo día, pocas horas antes, el Ministerio de Educación dio la misma orden. El Gobierno central comenzaba a tomar conciencia de la magnitud de la tragedia que se avecinaba y además observaba con preocupación cómo las comunidades autónomas tenían más capacidad de anticipación en su toma de decisiones que un Ejecutivo aún titubeante.
Los Gobiernos autonómicos, como el de Aragón, reconocen que el intercambio de información es constante. Todos los domingos, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez explica la situación y escucha las demandas de los presidentes autonómicos en una videoconferencia. Un testigo de estas reuniones afirma: «Tras una exposición de los hechos, todos los presidentes intervienen, todos exponen sus puntos de vista y hacen sus propuestas. El presidente toma nota, habla poco pero luego algunas de estas propuestas tienen su reflejo en la toma de decisiones, que no depende de ninguna comunidad».
Hay ejemplos que corroboran este peculiar método de comunicación. Sin ir más lejos, el primero que pidió el cierre de fronteras fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras constatar la presencia de muchos franceses en el Pirineo. También apoyó la propuesta el presidente catalán, Quim Torra, y el extremeño, Guillermo Fernández Vara. Al día siguiente, Sánchez pidió el cierre a los primeros ministros de Francia y Portugal, Emanuelle Macron y António Costa. También hay colaboración entre presidentes autonómicos. Hasta se producen hechos tan extraordinarios como que Lambán y Torra, mantengan una estrecha sintonía en la crisis a pesar de sus abismales discrepancias. De hecho, Torra mantiene un canal de comunicación fluido con los presidentes de las comunidades vecinas.
Los ayuntamientos tienen menos poder de decisión con el comité de crisis de Moncloa
Por su parte, el gallego Alberto Núñez Feijoo planteó una duda razonable: quién tendría la competencia de gestión de la red autonómica de sanidades, que en este momento depende, del ministerio. En este sentido, su preocupación también fue respondida y quedó en manos de las consejerías. Eso sí, con la tutela ministerial. Lambán también propuso un plan Marshall en Europa que acogió Sánchez. Menos receptivo ha sido a la propuesta de que los niños puedan salir de casa o algunas industrias puedan reabrir, aunque son medidas que aceptó para estudiar.
En resumen, el Gobierno central destina una media de 4 horas diarias en distintas reuniones y contactos con las comunidades. El contacto de los ministerios con los consejeros también es estrecho, y aunque surgen fricciones, como la que ha provocado que Trabajo retenga los 38 millones destinados a políticas activas de empleo, ambas partes consideran que pese a la complejidad de la situación, la coordinación es correcta.
Las fricciones que han podido surgir entre algunas comunidades y el Gobierno se han resuelto, coinciden fuentes de ambas administraciones, a pesar de que en algunos casos se aceptan a regañadientes. También el reparto de material (Aragón ha recibido medio millón de mascarillas y 400.000 guantes).
Peor es la coordinación entre el Gobierno de España y las administraciones locales, prácticamente inexistente. De hecho, los ayuntamientos apenas reciben información de Moncloa y surgen quejas desde la FEMP al no autorizar Hacienda más gasto del superávit del que desearían para esta crisis.
Los ayuntamientos se coordinan con el Gobierno de Aragón a través del centro de coordinación, y ahí son conocedores de la toma de decisiones y se atiende a sus necesidades, que luego despliega la UME o Protección Civil. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza destacan la excelente colaboración mutua y el contacto permanente, a través de Lambán con Jorge Azcón y Mayte Pérez con María Navarro, con un intercambio de información a diario.
