Para qué negar que los zaragocistas de bien se frotaban las manos en esta legislatura con la posibilidad de empezar a sentir un campo como el que corresponde a la historia y el prestigio de su club. Jorge Azcón incluso hizo campaña sobre el césped de La Romareda, decidido entonces y después como alcalde a impulsar el nuevo estadio. «No entender la importancia del fútbol es no entender la sociedad y creo que el campo es una necesidad», explicaba convencido y repetido el popular, que trabajaba en silencio con el Gobierno de Aragón en las fórmulas de rehabilitación del vetusto coliseo zaragozano. Se ha tenido que rendir ante el bicho chino que ha cambiado las pautas de la sociedad y el futuro. Ayer no quiso ser tajante, quizá para no desmoralizar a la tropa blanquilla, pero Azcón es consciente de que el tiempo y la crisis han acabado con su proyecto estrella. «Tenemos absolutamente claro que hay nuevas prioridades, como salvar vidas, y no nos vamos a desviar de eso».
El concejal Víctor Serrano ya había dicho durante el desarrollo de la comisión plenaria de Urbanismo que hablar de una posible reforma del estadio en estos momentos le parecía «una frivolidad». No hay dinero para el futuro, ni siquiera para el presente. El Gobierno PP-Cs anunció ayer, por ejemplo, un procedimiento de emergencia para tramitar las obras que quedaron pendientes de ejecutar en los colegios públicos en el ejercicio anterior. Un millón y pico para el 2019. Como para pensar en el 2023 que calculaba Azcón, con el Zaragoza asentado en Primera y la organización de finales de Copa que propulsaran el novedoso estadio que podía llegar a costar 90 millones.
El plan es hoy bien otro. «Volver a la normalidad con el mayor bienestar posible es el objetivo de Zaragoza. Ya habrá tiempo de hablar de otras cuestiones en el futuro», zanjó Azcón, que no pisó más allá. Antes, Víctor Serrano había explicado en el salón de plenos que destinar «un solo euro» para un nuevo campo sería «una frivolidad".
El impacto de la crisis en las arcas del ayuntamiento, pálidas en cualquier caso, es brutal. El alcalde ya habló de 15 millones de euros hace de semanas en una primera estimación del desastre económico que supone el virus. Serán más, se supone, cuando acabe el confinamiento. Así, la crisis sanitaria se lleva por el sumidero el proyecto estrella de la legislatura de Azcón, que peleó con fuerza por sacarlo adelante. Incluso Serrano estuvo a punto de presentar a final de año la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que le permitiría recalificaciones para convertir en inversión futbolera. Pero no hubo acuerdo con Pilar Alegría, entonces líder de la oposición en el ayuntamiento, y el asunto se fue retrasando. Enero, luego febrero...
Para cuando llegó la bilateral de marzo, Azcón admitía que los plazos para la construcción del nuevo estadio ya iban muy justos. Camino de mayo, y lo que queda por delante, sin socios de fuste, ya que el Gobierno de Aragón también ha reestablecido prioridades, el proyecto huele a cajón justo cuando las negociaciones tomaban buen color entre bambalinas, cuando el alcalde había conseguido que Lambán cambiara el tono, sus resquemores iniciales. Eso sí, el presidente de Aragón pensaba más en el 2030, año de celebración de un Campeonato del Mundo de fútbol y de unos Juegos Olímpicos de invierno. «Sería un fracaso colectivo imperdonable» que Zaragoza no tenga «un estadio moderno» que le permitiera ser sede de ese Mundial que, en teoría, organizarían entre España y Portugal», dijo el presidente. Bueno, para ese año igual llega.
Cuarto proyecto camino del fracaso
Veinte años atrapados en el viejo estadio que va camino de cumplir los 63. Lo intentó primero José Atarés en el año 2000 e incluso se llegó a aprobar, pagar y presentar en proyecto del arquitecto Bofill en Valdespartera, pero no lo logró porque la DGA impidió en el 2002 la operación de recalificación de suelos que llevaba aparejado, con su correspondiente construcción de viviendas en el lugar donde se asienta el estadio actual. El segundo, el del gobierno PSOE-CHA, encalló por la falta de consenso político, que derivó en un proceso judicial que paralizó la obra de reforma que situaba La Romareda en su actual ubicación. El proyecto, diseñado por Lamela, fue anulado por los tribunales tras un pleito iniciado por el PP y PAR. Y el tercero, el de Sicilia en Miraflores, no logró hallar un modelo de financiación viable y se fue al cajón en el 2011.
