El Consejo de Ministros aprobó este sábado, por segunda vez en 40 años, el estado de alarma. La primera vez, en 2010, solo afectó a los controladores aéreos. En esta ocasión, las medidas incluidas en el real decreto, diseñado para frenar el contagio del coronavirus y evitar el colapso hospitalario, tienen consecuencias sin precedentes para todos los españoles, que verán limitados sus movimientos y modificadas sus rutinas sociales y laborales. La pandemia del COVID-19 ha provocado ya 195 fallecidos y casi 6.400 contagios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció pasadas las nueve de la noche y señaló que, desde esta madrugada, cuando se han publicado las medidas en el ‘Boletín Oficial del Estado’ (‘BOE’), se restringen las salidas a la calle de los ciudadanos. Solo podrán ir a comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad (gafas, ortopedias); a sus lugares de trabajo; a su residencia habitual; podrán acudir a cuidar a los mayores y dependientes; a los bancos, a las peluquerías y a las tintorerías; sacar a pasear a sus mascotas y también podrán salir si hay motivos de “causa de fuerza mayor o situación de necesidad”. Y siempre, en todos esos casos, señaló el presidente, manteniendo una distancia mínima de un metro para evitar posibles contagios. Esos establecimientos quedarán abiertos frente a la inmensa mayoría que deberán echar el cierre: todos los centros educativos, museos, cines, bares, restaurantes (menos los que sirvan comida a domicilio), gimnasios, piscinas...

El jefe del Ejecutivo explicó que todas estas iniciativas tienen un solo objetivo: intentar que el número de infectados por este virus no siga creciendo como “una flecha”, sino de “manera más lenta” para que el sistema hospitalario no se colapse. Sánchez volvió a advertir de que vienen “semanas muy difíciles” de “esfuerzos y sacrificios”. “Esta es una batalla que vamos a ganar, sobre eso no hay discusión: la vamos a ganar. Lo importante es qué precio pagaremos por esa victoria. Cuántas más vidas nos ahorremos, cuántos más enfermos y más días de enfermedad nos evitemos”, subrayó.

Centralización en Sanidad, Defensa, Interior y Transportes

Sánchez enunció las principales medidas: el Gobierno central será la “autoridad competente” en toda España para afrontar esta crisis sanitaria. “No hablamos de comunidades autónomas ni de España, sino de los individuos”, afirmó tras pedir unidad cuando, en la rueda de prensa telemática, se le planteó la crítica que Quim Torra le había lanzado por Twitter. El presidente catalán se revolvió a media tarde en contra de que el Ejecutivo central asuma las competencias “en salud, seguridad y transporte”. El real decreto recoge que los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes tendrán autoridad para actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección de Sánchez durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma, en principio durante los próximos 15 días. Pasada esa fecha, si el Ejecutivo considera que debe continuar esta situación excepcional, deberá acudir al Congreso de los Diputados para conseguir el apoyo. El PP ya anunció hace unos días que podrá contar con su respaldo.

Las policías autonómicas y locales quedarán bajo la orden directa del ministro del Interior y el Gobierno también podrá apoyarse en el Ejército para las labores de seguridad que el departamento de Defensa considere necesarias.

Respecto a las posibles sanciones si hay ciudadanos que desobedecen las directrices, fuentes de la vicepresidencia primera afirmaron que se aplicará el régimen de sanciones ya conocido por desobediencia a las fuerzas de seguridad.

En todo caso, en esas cuatro áreas más afectadas (Sanidad, Defensa, Interior y Transportes) se aprobarán decretos con decisiones más específicas en los próximos días, explicaron esas mismas fuentes.

Debate en el seno del Gobierno de coalición

Sánchez tenía previsto comparecer ante los españoles para dar cuenta del contenido del decreto del estado de alarma a las dos de la tarde. El Consejo de Ministros se alargó más de siete horas, con un receso para comer. El presidente pidió disculpas y admitió que el retraso se debió al debate interno que se desató en el Gobierno que comparte con Podemos. En su opinión fue “enriquecedor”, “sosegado” y “muy detallado” sobre los instrumentos de esta herramienta legal que prevé la Constitución. Los ministros de Podemos (con el vicepresidente morado, Pablo Iglesias, al frente) defendían aprobar ya medidas de “calado” de carácter económico y social, pese a que elevara el coste, ante las ministras económicas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, según algunas fuentes, mantuvo una posición intermedia. Esas medidas (relativas al pago de hipotecas o expedientes de regulación temporal de empleo) tendrán que esperar, confirmó Sánchez, al próximo martes, al próximo Consejo de Ministros ordinario.

Las elecciones de Euskadi y Galicia, en el aire

El presidente se mostró partidario de aplazar las elecciones convocadas el 5 de abril en Euskadi y Galicia. También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera necesario tomar esa decisión inédita en la democracia española. Ninguna ley española prevé esa posibilidad, por lo que el asunto abre otro capítulo más en este desafío político, económico y social propiciado por la pandemia del COVID-19.