El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda a las personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid-19, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno de coalición. La medida afectaría a los trabajadores en paro afectados por la crisis de la epidemia e incluye la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables.
Fuentes del sector financiero han añadido que, dentro del plan de choque de medidas económicas para frenar los efectos de la pandemia del coronavirus, el Gobierno considera una moratoria de un mes prorrogable a otro más en el pago de hipotecas para este tipo de colecivos. Con esta restricción los bancos no tendrán que hacer provisiones por el impacto de la medida. El sector también ha sido informado de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá a disposición de las entidades avales del 80% sobre la deuda contraída por las empresas a cuenta de las nuevas líneas de liquidez.
Ministros de Unidas Podemos también han llevado a la mesa del Consejo de Ministros la posibilidad de una moratoria en el pago de los alquileres, como sí han establecido otros países de nuestro entorno, aunque al parecer esta medida no saldrá adelante. Sí está previsto paralizar los desahucios por alquiler
Sector financiero
En relación a la moratoria en la cuotas de las hipotecas, las entidade financieras expresaron su rechazo inicial la semana pasada hacia esta medida, ya adoptada en Italia. Las entidades recordaron que ya aplican desde hace años el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración los préstamos hipotecarios a clientes que atraviesan problemas transitorios y defendieron que las medidas del Gobierno deberían ajustarse a ese marco de actuación, que afirmaron estar ampliando para beneficiar a los afectados del coronavirus, informa Pablo Allendesalazar.
Desde el punto de vista del Banco de España, la medida de moratoria de provisiones no se debería tomar solo en España, ya que la normativa que fija cómo deben provisionar las entidades para afrontar futuras pérdidas, la IFRS9, tiene alcance internacional.
