Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, colapsan la sanidad, quitan el trabajo a los españoles, están menos preparados o incluso, han saturado el Estado del bienestar porque al atenderlos se produce un efecto llamada. Son algunas de las ideas que llevan años circulando por el país y que, cada cierto tiempo y bajo el impulso de determinados partidos políticos, cobran fuerza para tratar de condicionar políticas públicas. Pero el último informe del Defensor del Pueblo desmonta el cúmulo de juicios poco informados, cuando no obstinadamente xenófobos, apuntando que la población inmigrante es la tabla de salvación demográfica y económica de nuestro país, por lo que son necesarios cambios normativos para protegerles y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

Los argumentos sobre el impacto positivo de la inmigración acaparan uno de los anexos del informe firmado por Francisco Fernández Marugán, que para desmontar prejuicios apela a su impacto económico. Con una población altamente envejecida y dependiente, y con una baja tasa de fecundidad, dice, los extranjeros se perfilan como la tabla de salvación del Estado de bienestar tal y como lo entendemos ahora, ya que son el innegable factor de reemplazo demográfico que mantendrá las pensiones.

15% de los trabajadores

El informe es tajante en este sentido: los inmigrantes suponen ya el 15% de los trabajadores, y no solo sostienen el crecimiento demográfico, sino que "evitan el envejecimiento poblacional, aliviando los efectos sobre la economía al compensar, por ejemplo, el declive de la fuerza laboral nativa. O solventando la 'crisis de cuidados', ya que son las mujeres inmigrantes quienes se encargan mayoritariamente de los dependientes.

Fernández Marugán tira de datos para desmontar las tesis de la extrema derecha sobre que los migrantes viven de las ayudas públicas, gozan de preferencia en los servicios sociales o incluso los colapsan con el tan traído 'efecto llamada'. No hay evidencia clara, sostiene el Defensor, que reclama la reforma de la Ley de Extranjería a fin de mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral y de residencia de los inmigrantes. Por ejemplo, haciendo posible la regularización con contratos de seis meses en vez de un año, o avanzando en la inclusión de los menores extranjeros no acompañados.

Deficiencias en geriátricos

El otro apartado especial del informe del Defensor alude a las deficiencias de medios y personal en las residencias de ancianos, evidenciadas con el coronavirus. El Defensor menciona expresamente el uso de sujeciones físicas, que deben quedar restringidas a casos excepcionales y puntuales en los que no haya medidas alternativas. Asimismo, propone incrementar los servicios de inspección para vigilar de forma eficaz que se cumplen los criterios de calidad en su funcionamiento.

Las residencias de mayores son uno de los sectores que más quejas acumulan cada año, por lo que Fernández Marugán reclama reformas de calado para el sector, así como un esfuerzo presupuestario significativo para aumentar el número de plazas públicas y concertadas, pero también del personal y su cualificación.