Con la justicia paralizada salvo en lo que se ha declarado servicios esenciales, los jueces y magistrados trabajan a futuro. En el Tribunal Supremo es habitual que lo hagan hasta con un mes vista. Pero la presentación de escritos no se ha detenido y no solo en aquello que por su urgencia no puede detenerse como son detenidos, presos o violencia machista. Cuando acabe el estado de alarma y los magistrados de la Sala Segunda vuelvan a sus despachos tendrán encima de la mesa las denuncias presentadas contra miembros del Ejecutivo. Este martes a la de Pedro Sánchez se sumó otra contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La principal diferencia entre ambas es que la primera la interpuso un abogado que ahora no ejerce por las concentraciones permitidas por las respectivas Delegaciones del Gobierno en toda España entre el 5 y el 14 de marzo y la segunda, el sindicato Csif, por no haber facilitado medios de protección a los facultativos y sanitarios que cada día se juegan la vida en los hospitales como si pudieran estar a salvo solo con los aplausos que les dirigimos desde nuestros balcones.

La primera denuncia, que pretende incluir a los afectados por el coronavirus que lo deseen, considera a Sánchez cooperador necesario de los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional que habrían cometido los delegados del Gobierno, en línea con la única denuncia admitida a trámite de momento: la relativa al delegado de Madrid, José Manuel Franco. La del sindicato, en cambio, considera que Illa pudo incurrir en delito contra los trabajadores por no hacer lo necesario para evitarles riesgos laborales y de lesiones y homicidios por imprudencia.

Más colectivos

El sindicato, que quiere extender la denuncia a todos los colectivos que puedan verse afectados, esgrime datos del propio Ministerio de Sanidad, a fecha de 30 de marzo, en los que figuran en España 12.298 sanitarios infectados (el 14,4% del total de afectados en toda España por coronavirus), y al menos seis han fallecido por este motivo.

La denuncia incluye denuncias concretas de la precariedad en la que trabajan los facultativos y sanitarios en distintos hospitales españoles, como el Ramón y Cajal (Madrid), donde se ha amenazado a los que han intentado plantarse para exigir protección; o el Álvaro Cunqueiro (Galicia), donde se ha destituido a una jefa de servicio por sus protestas, según el sindicato.