Las 544 familias que viven en una de las viviendas de alquiler social del Gobierno de Aragón podrán aplazar el pago de sus rentas siempre que sus ingresos se hayan visto reducidos de forma sustancial por la crisis de coronavirus. Así lo ha anunciado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, José Luis Soro, en la rueda de prensa celebrada este sábado en el Pignatelli. Esta moratoria en el pago de las rentas podría beneficiar hasta a 1.500 aragoneses, teniendo en cuenta que en cada uno de esos pisos viven una media de tres personas, según ha dicho Soro.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, José Luis Soro, este sábado en rueda de prensa. / FOTOGRAFÍA: ÁNGEL DE CASTRO

El aplazamiento afectará a los alquileres que ha habido que pagar en marzo y se extenderá un máximo de cuatro meses desde que finalice el estado de alarma. Según ha dicho el consejero, lo inquilinos tendrán tres años para hacer frente a esos pagos, de "una forma fraccionada y sin intereses".

Eso sí, se deberán cumplir unos requisitos. Los beneficiarios tendrán que acreditar que han sufrido una pérdida sustancial de ingresos como consecuencia de la pandemia, bien por haber ido al desempleo o por estar afectado por un ERTE, por ejemplo. Además, el conjunto de los ingresos en la unidad familiar no podrá superar tres veces el IPREM (lo que supone unos 1.610 euros al mes) y el importe del alquiler más los suministros básicos como la luz deberán superar el 35% de los ingresos netos de la familia. Por supuesto, ninguno de los inquilinos podrá ser propietario de una vivienda en España.

Para solicitar la moratoria bastará por el momento con emitir una declaración responsable en la que se indica que se cumplen con los requisitos, aunque cuando se acabe el confinamiento habrá que acreditarlo "con certificados", ha dicho Soro.