Antes de que un juzgado de lo social diera un ultimátum de 24 horas al Gobierno de Aragón para que diera a los sanitarios todo el material que tuviese, el Ejecutivo hizo entrega de un total de 756.000 mascarillas a todos los centros hospitalarios aragoneses y a las residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Lo hizo entre el jueves y el viernes.

La DGA distribuyó las últimas mascarillas requisadas el jueves a Proclinic SA, que se repartieron ese mismo día por la tarde a los centros hospitalarios de Zaragoza, y el viernes por la mañana, a los de Huesca y Teruel.

Según el informe al que ha tenido acceso este diario, se hizo entrega de 120.000 mascarillas al Miguel Servet, 96.000 al Clínico, 72.000 al Royo Villanova, 48.000 al Provincial y otras tantas al Militar. El Ernest Lluch de Calatayud recibió 24.000 y el de Ejea 12.000. El hospital San Jorge de Huesca, 96.000; el de Barbastro, 72.000 y el de Fraga, 12.000. En Teruel, el Obispo Polanco recibió un envío de 70.000 mascarillas, el de Alcañiz 36.000 y entre todas las residencias del IASS, otras 50.000. Con esto, según confirmaron fuentes del departamento de Sanidad, se entregó todo el material disponible, teniendo en cuenta siempre que el Salud gestiona los equipos y los distribuye a cada centro «en función de sus necesidades» y tratando de evitar «una rotura de estoc», más aún dado lo complicado que resulta accesder a estos materiales.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico recurrirá el auto dictado este viernes por la jueza del juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza por el que se otorgaba un plazo de 24 horas al Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para dotar a su personal de medios de protección suficientes para lidiar con el coronavirus. El auto aceptaba la medida cautelarísima propuesta en esta demanda del sindicato médico Fasamet, que repetirá la petición por vía judicial mañana en Huesca y en Teruel.

Falo indicó que los materiales «se han distribuido de manera previa y de acuerdo al auto judicial» y «siguiendo las recomendaciones sanitarias». Falo señaló que «la idea de este Gobierno es recurrir el auto y plantear cautelas porque más que la necesidad de atender autos, debemos tener la garantía de que los EPI (equipos de protección individual) se mantengan en el tiempo sin producirse roturas de estoc».

La magistrada también ordenaba que el personal fuera provisto de batas impermeables, mascarillas con eficacia de filtración FPP2 o FPP3, protección ocular o facial contra salpicaduras, guantes, gorros, calzas específicas, hidrogel y contenedores de residuos de diversos tamaños. Pero fuentes de Sanidad indicaron que «no se puede entregar lo que no se tiene» y recordaron que el Tribunal Supremo denegó la misma petición de los sindicatos médicos porque Sanidad «está desplegando toda suerte de iniciativas» para conseguir estos materiales.

Por otro lado, en relación con los tests rápidos, Falo indicó que ni los que compró el ministerio ni los adquiridos por la comunidad (unos 10.000 tests) llegarán en los próximos dos o tres días. Y recordó que aunque en los positivos son fiables, los negativos «han dado problemas».