El Departamento de Ciudadania y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha intervenido otras dos residencias en los últimos días —La Merced (Casa Amparo de Huesca) y el Portillo (Zaragoza)—, con lo que ya son siete los centros de mayores cuya gestión ha sido asumida por la Administración desde el inicio de la crisis sanitaria.
Así lo ha anunciado la consejera del ramo, María Victoria Broto, durante su comparecencia —por vía telepática— a petición del PP en las Cortes de Aragón , donde ha dado por resuelto el problema de la falta de material de protección en los centros de su competencia y ha defendido la gestión llevada a cabo, aunque ha reconocido que se han podido cometer “errores”.
Hasta la semana pasada eran cinco los geriátricos intervenidos, como son Los Olivos de Huesca), Épila y el Asilo de San José de Teruel, así como las residencias de Illueca y Mallén, en las que se ha actuado a través de las comarcas del Arando y Campo de Borja, respectivamente.
La consejera también ha informado que hay 454 trabajadores de las residencias infectados o con sospecha de estarlo, lo que ha obligado a realizar 410 contrataciones en las 15 centros públicos de la DGA (solo 11 de gestión directa). En los geriátricos concertados, tan solo hay constancia de 77 contrataciones, pero podrían ser más. La bolsa de empleo impulsada para hacer cubrir vacantes cuenta con 4.116 personas inscritas (1.457 con titulación y 2.659 sin titulación), de las 1.086 están en listados enviados de los centros.
EL PP CUESTIONA LA GESTIÓN DE BROTO
Aunque la comisión parlamentaria no ha sido tan tensa como la celebrada hace dos semanas, las duras críticas lanzadas a la consejera por la diputada del PP María Ángeles Orós han marcado la sesión, con reproches por la falta de transparencia y de información que Broto,
Oros ha recordado que Aragón es la quinta comunidad autónoma con más fallecidos en residencias. “Sé que ha puesto toda la voluntad del mundo pero se ha visto desbordada y no hay sido suficiente”, apuntó. Aunque valoro que la consejera haya reconocido errores y fallos, pero “esto es solo la primera fase de las responsabilidades que van a tener que asumir”.
La diputada popular aseguró que, según un informe de Fedea, el número de infectados se habría reducido un 91% en Zaragoza y un 95% en Teruel si el confinamiento se hubiera adelantado una semana. También ha reconocido el trabajo realizado por el personal y los gestores de las residencias, que han sido “el escudo social y sanitario” frente a la covid-19 en Aragón.
En este sentido, ha recriminado que no se hayan trasladado más residentes infectados a los hospitales porque “miedo a que se saturaran por el pico de la pandemia”. “Quizá deberían haberse abierto hospitales de campaña”, ha apuntado, en lugar de “convertir las residencia en hospitales sin medios ni personal”.
Orós ha considerado insuficientes las explicaciones de la consejera y ha asegurado que los problemas que que había hace 45 días en las residencias se están “cronificando” y ha advertido que “empieza haber rebrotes" de la enfermedad en algunos centros “que parecían limpios”, algo que ha achacado a que no se realizan pruebas masivas para el control de casos, lo que no permite detectar a los asintomáticos.
BROTO SE DEFIENDE DE LAS CRÍSITAS DEL PP
Sobre las criticas recibidas, Broto ha justificado los errores que se han podido cometer ante la magnitud e imprevisibilidad de una pandemia que “está haciendo cambiar absolutamente toda la política presente y futura”, pero ha defendido la buena fe con la que ha actuado la consejería, con un “trabajo que ha sido intenso e inmenso para dar solución a un virus que se contagio por grupos”.
"Nos ha guiado proteger a los mayores y preservar un sector económico importante, como es el de las residencias de mayores", ha subrayado, al tiempo ha instado a reflexionar sobre el modelo de residencias vigente una vez pase la crisis sanitaria.
En repuesta a las intervenciones de Orós, ha valorado el tono menos crispado de la diputada popular en relación a la anterior comisión parlamentaria, pero ha lamentado su falta de apoyo en un momento tan dramático. Y le ha recordado que las dificultades para la gestión de las residencias frente a la pandemia han sido las mismas en todas las comunidades autónomas sin distinción del color político de su gobierno. La consejera ha tachado además de "indigna" la acusación realizada por la parlamentaria sobre que oculte información con la intención de "controlar el relato".
