La DGA lamenta que el Fondo Covid no valore la prevención sanitaria

Pero el responsable de las cuentas ahondó más en lo que no les ha convencido del reparto que en lo que han podido mejorar negociando. Quizá tras constatar que las cuentas tienen entre sus más feroces detractores a los dos partidos aragonesistas que integran el cuatripartito, CHA y PAR. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno puso empeño en destacar que Aragón no ha sido dócil con los criterios marcados por Moncloa y que, aunque no totalmente, ha conseguido mejorar.

El consejero subrayó que no estarán «nunca satisfechos» con un ingreso que no cubra el «coste real» de los servicios, pero a la vez destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dispuesto este fondo extraordinario que, «por primera vez», es no reembolsable. Y como tal, subrayó, «no estamos hablando del sistema de financiación autonómica», aunque sus críticos encuentren las mismas carencias que en esta. Recordó asimismo que al inicio de la pandemia la comunidad también recibió una primera entrega de 23 millones de euros para gastos derivados de la covid-19.

Cronológicamente, Pérez Anadón recordó cómo, tras la primera reunión de las comunidades con la ministra Carolina Darias, la delegación aragonesa agradeció la «diposición» del Gobierno pero reclamó este coste real. Por ejemplo, «no estábamos de acuerdo en que los gastos sanitarios fueran solo por hospitalización». La postura que defendía (y defiende) la DGA es que parte de la «menor incidencia» en ingresos, convencionales y en uci, que ha sufrido Aragón respecto a otros territorios ha sido por la infraestructura de atención primaria y la red de residencias, particularmente desde la creación de los centros covid para los mayores infectados pero que no requerían hospitalización. Pero no lograron que esto se reflejase en las cuentas.

Lo que sí lograron es que se rebajase el peso de este componente sanitario en favor de la población. Y que en esta, además, se diese más valor a la protegida, es decir, la más vulnerable al virus, los más mayores.

Con estos cambios desde el inicio de las negociaciones, los ingresos estimados de Aragón (los reales dependen de factores que no se sabrán del todo hasta diciembre) se incrementaron de 382 a 398 millones. Descontando la partida destinada al transporte, el cambio es mayor, pasando de 363 a 390 millones, según las cuentas del consejero.

Este vaticinó que en el debate en el Congreso, aunque «veremos voces muy airadas», el reparto se mantendrá como está, dados los «intereses entrecruzados» de las autonomías.

EL REPARTO

1) 9.000 millones para sanidad: De los 16.000 millones, 9.000 corresponden a gasto sanitario, repartidos en 6.000 millones en una primera entrega y 3.000 en una segunda. En la primera, el baremo prima, con un 35%, la población protegida de las comunidades (al principio era un 20%). También valora en un 30% los ingresos en uci (al principio eran un 35%), en un 10% las pruebas PCR practicadas (antes era un 20%) y en un 25% la hospitalización. Estos cambios respecto a la propuesta inicial favorecen a la comunidad aragonesa, menos afectada que otras en lo estrictamente sanitario. De estos hay que restar 12 millones para Ceuta y Melilla. En la entrega de 3.000 (con 6 para las ciudades autónomas), la población prima un 45%.

2) 2.000 millones para educación: A la partida de educación se destinan 2.000 millones de euros, de los que hay que descontar 14 para las ciudades autónomas (y una parte para las comunidades de régimen foral). En este caso los criterios son puramente demográficos: el 80% lo suponen los empadronados, a enero del 2019, de entre 0 y 16 años, y el 20% los de 17 a 24, en edad universitaria. Este criterio es claramente negativo para Aragón, no solo porque tiene menor población y más envejecida que la media, sino por la dispersión territorial, que hace que el coste del servicio (con la apertura de escuelas con tres alumnos en el ámbito rural, por ejemplo) sea notablemente mayor que en comunidades con la población más concentrada en grandes municipios.

3) 5.000 millones para compensar ingresos: La última partida está destinada a compensar pérdidas por ingresos de impuestos y transporte público. A esto último se destinan 800 millones de euros. El grueso, 4.200 millones, se repartirá valorando un 40% la población ajustada (la que cuenta la dispersión territorial y el envejecimiento, aunque no como querría Aragón, ya que es en la que se basa la financiación autonómica) y en un 60% lo que han venido percibiendo por impuestos en los últimos ejercicios, y que este año se verá mermado por la pandemia. En concreto el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluido lo que paga la Agencia Tributaria por ello.

4) Los plazos: Estos fondos irán llegando de julio a diciembre. Así, al mes que viene lo harán los 6.000 millones de la primera partida sanitaria; en septiembre, los 2.000 de educación; en noviembre la segunda de Sanidad y en diciembre los 5.000 millones de impuestos. La cantidad estimada de casi 400 millones podría variar algo porque la segunda entrega sanitaria dependerá de los datos finales de octubre, por lo que la DGA no la da por fijada. Pero en realidad, el resto de criterios dependen de cifras que ya se conocen, como la recaudación de los tres últimos años, los datos sanitarios de abril o la población infantil y juvenil en el padrón del 2019, por lo que las cifras no deberían variar sustancialmente a final de año.

AZCÓN PIDE 20 MILLONES

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, afirmó ayer que a la ciudad deberían llegar 20 millones del fondo de 1.000 millones de euros para el transporte urbano que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado solicitar al Gobierno central para compensar las pérdidas por el descenso de usuarios debido a la pandemia del coronavirus. Una cantidad sobre la que lamentó que, de momento, el Gobierno central no haya dicho nada ni «enviado ni un euro ni atendido a las reclamaciones de la FEMP».

El transporte está incluido de momento en una de las partidas del Fondo Covid para las autonomías, con una dotación de 800 millones. Pero tampoco es un elemento que convenciera al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. En primer lugar porque también entiende que debería de ser un fondo específico, negociado aparte con la FEMP. Pero además, en lo que Aragón se refiere, estos 800 millones llegan ya con un severo recorte antes de empezar. Casi la mitad (un 49%) se reparte entre los consorcios de transporte de Madrid y Barcelona, y otro 4% va para Canarias. Aún hay otro 13% para las comunidades que sean titulares de servicios ferroviarios interurbanos o metropolitanos y con ellas hay que repartir el otro 34% restante. En definitiva, menos de un tercio del total.