Aragón pone fin a la prohibición de las visitas de los familiares a los ancianos internos en las residencias. A partir de la próxima semana, los centros de mayores abrirán sus puertas al exterior para que los mayores puedan recibir a sus allegados después de muchas semanas sin verlos. Aunque se hará bajo una serie de premisas básicas y siempre con las máximas medidas de seguridad, según ha expuesto esta mañana la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, antes de una reunión con las entidades que representan a las residencias y en la que también ha participado el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán.

Las visitas, que se autorizarán a partir de una orden que se publicará el lunes, se limitarán a centros en los que no se hayan detectado casos de afectados por el covid-19 o bien hayan pasado al menos 28 días desde el último caso. Además, deberán realizarse a través de cita previa, durarán un máximo de una hora y siempre con mascarilla. Asimismo, se impone que el familiar no tenga síntoma alguno asociado al virus.

Del mismo modo, la próxima semana también se permitirá a los ancianos salir del centro para dar un paseo también por un periodo máximo de una hora. En este sentido, será cada municipio el que establecerá el marco horario para ello. También se retomará la actividad en los servicios de peluquería o fisioterapia.

En el encuentro, en el que se ha abordado un "cambio de modelo" que el Gobierno de Aragón considera necesario en las residencias, se ha ratificado la decisión de mantener abiertos los centros covid (donde se han derivado desde residencias a ancianos que dieron positivo pero que no requerían hospitalización). En estos centros se realizará una labor asistencial, aunque se habilitará un sistema de alerta inmediata por el que, en caso de sospecha o caso confimado de contagio, Salud Pública acudirá la residencia para determinar si el interno queda aislado en el centro, se deriva a un centro covid o se procede a su ingreso en el hospital.

En este sentido, Broto anunció que ya no será necesario reservar el 10% de las plazas residenciales para destinar ese espacio a posibles rebrotes, con lo que se suprime este requisito que se impuso a los centros para asumir nuevos ingresos de usuarios. Ahora, además, ya no será obligatoria la autorización de la Administración para aceptar entradas nuevas a las residencias aunque sí deberán comunicarse.

El cambio de modelo anunciado por el Ejecutivo incluye una subvención de 1,5 millones de euros que se destinará a las residencias para responder al gasto extra asumido en la adquisición de material de protección, nuevos contratos o ausencia de ingresos. Además, se mejorará la formación del personal así como sus retribuciones. En ese sentido, Broto insistió en reclamar al Gobierno central que asuma la parte "que le corresponde" en la aplicación de la ley de dependencia (el 50%), lo que ayudaría a mejorar las condiciones en las residencias. "Es obligatorio que el Estado participe", reiteró.