El pasado 30 de julio, el Gobierno de Aragón anunció que el lunes siguiente presentaría una denuncia por la vía penal contra la residencia de Cruz Blanca en Burbáguena, que vivía entonces los peores momentos del brote de coronavirus registrado en sus instalaciones que se ha saldado con 60 residentes y 20 trabajadores contagiados y una quincena de fallecidos.

Pocos días después de declararse el brote, y de que este saltara a la agenda nacional tras la denuncia de la diputada Ana Oramas en el Congreso, fuentes del Ejecutivo abrían la puerta a llegar a los tribunales ante la «gravedad de los hechos» que se habrían producido en el asilo y que denotaban «indicios de delito».

Casi un mes después, la denuncia no se ha presentado y no se sabe si finalmente se presentará. De hecho, los departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y Sanidad continúan elaborando el expediente administrativo analizando lo que ocurrió en el centro. Una vez que el expediente esté incoado, indicaron fuentes del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, «se pondrá a disposición del centro de Burbáguena para que haga las aportaciones oportunas y se verá si se derivan sanciones y de qué tipo». «Si de la incoación del expediente se deriva que hay que denunciar se haría así», indicaron estas mismas fuentes.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, llamó ayer a «respetar el sigilo profesional» en la elaboración del expediente, que sigue su curso. De hecho, no hay plazos establecidos para poder presentarlo. Tampoco han trascendido cuáles serían esos «hechos graves» que motivaron la apertura del expediente.

Mientras, en la residencia de Burbáguena destacan que lo peor ha pasado y tan solo tienen un caso positivo. Juan Vela, representante de Cruz Blanca, asegura que desde la DGA no se le ha requerido más información al respecto. «Seguimos aplicando los mismo protocolos que todas las residencias de Aragón. Dijeron que no se pondría denuncia, pero no me toca a mí valorarlo», señaló Vela.