La sombra de la sospecha de que el senador republicano Richard Burr usó información privilegiada sobre el coronavirus para sacar ilegalmente tajada en operaciones bursátiles se acaba de alargar considerablemente. El miércoles el 'Los Angeles Times' reveló que el FBI, con una orden judicial y en una operación en Washington, había requisado el móvil del senador de Carolina del Norte y este jueves Mitch McConnell, líder de la mayoría conservadora en el Senado, ha anunciado que Burr abandona a partir de mañana la presidencia del poderoso comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Según McConell, los dos han acordado que la decisión de dimitir, mientras dure la investigación, es "en el mejor interés" del órgano.
Burr vendió el 13 de febrero una parte considerable de sus acciones, justo cuando los comités de los que forma parte (el de Inteligencia y el que estudia temas de salud) estaban recibiendo a puerta cerrada sesiones informativas de autoridades sanitarias sobre el coronavirus. Una semana después, llegaron las caídas en las bolsas, donde fueron golpeados negocios de cuyos títulos Burr se había deshecho. Para entonces el senador había realizado 33 operaciones bursátiles en las que obtuvo 1.72 millones de dólares según revelaron en su día el Center for Responsive Politics y ProPublica y confirmó luego el propio Burr en un documento presentado a la cámara.
Otros senadores, incluyendo demócratas, también realizaron lucrativas operaciones bursátiles, pero ninguna ha desatado una investigación del Departamento de Justicia, al menos que se haya revelado públicamente o que haya avanzado como la de Burr. Y el paso dado por el FBI de incautar el móvil demuestra la seriedad de las pesquisas. Para requisar el aparato ha sido necesario presentar ante el juez indicios suficientes para que apruebe la autorización judicial de incautación.
Las sombras
El senador, que personalmente y solo una vez que la prensa sacó a la luz el caso solicitó al Comité de Ética de la Cámara Alta que investigara, sigue negando haber cometido ninguna irregularidad. Pero las sombras el persiguen.
Un cuñado suyo también realizó operaciones sospechosas, aunque Burr niega estar vinculado a ellas. Y un capítulo de su historial legislativo no ayuda. En 2012, cuando el Congreso aprobó una ley que prohibía a sus miembros actuar con información que habían obtenido por su posición privilegiada y les obligó a facilitar los datos sobre sus portafolios de inversiones (aun permitiéndoles tener acciones incluso en sectores supervisados por sus comités) solo tres senadores votaron en contra de la norma. Burr era uno de ellos.
