La asociación del Defensor del Paciente ha interpuesto una denuncia contra la residencia Santa Bárbara de Zaragoza en representación de una familia que perdió a su padre el pasado 26 de abril, después de llevar 20 días ingresado en el Hospital Militar. El hombre fue llevado a este centro hospitalario desde la residencia el día 7 de abril en estado «muy grave», según reza el texto de la denuncia, afectado por una neumonía bilateral, desorientado y deshidratado. Un día después fue diagnosticado con coronavirus. Esta es la primera denuncia particular en Aragón contra una residencia por un caso relacionado con la pandemia del covid-19.

La familia asegura que llevaban días insistiendo a los responsables de la residencia, gestionada por la Fundación Agustina Zaragoza, sobre el mal estado de salud del hombre, ya que en conversaciones telefónicas con él este aseguraba que se encontraba mal. En la demanda interpuesta consta que el día de antes de ser trasladado al Hospital Militar, una de las hijas habló con su padre por el móvil y este le aseguró «que estaba muy mal», con una voz «agónica». Al colgar, la hija llamó a la residencia y le aseguraron que su padre se encontraba bien, que si acaso estaba apenado y deprimido por no poder ver a la familia. El mismo día 7 por la mañana desde la residencia insistieron en que el hombre estaba bien, pero esa misma tarde fue llevado al hospital.

«Me indigna que hayan mentido. Sé que no me van a devolver a mi padre pero quiero que se haga justicia», cuenta otra de las hijas, que asegura intentaron hablar con los médicos de la residencia en bastantes ocasiones sin resultado. «Nunca estaban los médicos. Llevábamos días insistiendo en que nuestro padre estaba mal, nos lo negaban y mira cómo llegó al hospital», lamenta la familiar.

Los gestores del centro aseguran no tener constancia de la existencia de la denuncia ni del caso en concreto ya que los demandantes no se lo han comunicado. Explican, además, que los médicos del centro no están capacitados legalmente para recetar tratamientos y que solamente realizan labores de vigilancia, ya que las residencias no son hospitales. El protocolo dicta, explican, que cuando alguno de los residentes está mal han de llamar al 061. Son los médicos de este servicio los que tienen la facultad de poder derivar pacientes a los hospitales. Fuentes de la gerencia, por otro lado, aseguran que estarán a disposición de lo que se les pida para aclarar la situación y que no reniegan de que estos asuntos se traten por la vía judicial, donde poder defenderse.

La denuncia, además de contra los propietarios y las directoras del centro, también cita al Gobierno de Aragón como responsable indirecto, ya que, según la ley que regula el funcionamiento de las residencias, la DGA ha de velar por los derechos de los residentes. Fuentes del Ejecutivo autonómico aclaran que estudiarán la denuncia «cuando llegue». Entonces atenderán a los requerimientos que sean necesarios y consideran que «cada ciudadano puede reclamar lo que considere necesario».

El abogado Ricardo Agóiz es el representante de la familia. «Lo que se ha de investigar es si hubo posibilidad de haber asistido antes a este hombre y no se hizo» explica Agóiz que apela al concepto jurídico de la «pérdida de la oportunidad en el tratamiento médico». Si esa oportunidad se pierde, es cuando pueden existir responsabilidades. Según la familia y el letrado, por el estado en el que se encontraba el anciano este tendría que haber sido trasladado antes al hospital. «Eso será lo que el médico forense tenga que valorar».

En la denuncia se dispone que de los hechos ocurridos podría deducirse «un posible delito de homicidio por imprudencia atribuible a quienes tenían la obligación de velar por la salud de los ancianos de la residencia». En este caso los gerentes del centro y la DGA.