El próximo 21 de junio se ha establecido en el calendario de todos los españoles como el último día de estado de alarma, si la evolución de la epidemia es favorable, tras casi tres meses de restricciones a la movilidad y un confinamiento que, poco a poco, va quedando en el pasado. Sin embargo, ¿qué ocurrirá si se producen rebrotes en los próximos meses? El Gobierno lleva varias semanas dando vueltas a la posibilidad de reformar diversas leyes con el objetivo de no tener que volver a recurrir a la alarma en el caso de que vuelva a ser necesario imponer el distanciamiento social. Con esta idea en la cabeza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto ley que contenga todas las medidas sanitarias necesarias para hacer frente al coronavirus ante futuras oleadas.

"Prevención, contención y coordinación". Sobre estos pilares se estructurará esta norma que regirá lo que el jefe del Ejecutivo ha optado por llamar la "nueva normalidad". Muchas de las medidas que se recogerán ya se han ido desarrollando en diversas órdenes ministeriales desde que comenzó la crisis de la covid-19. No obstante, todas estas reglas decaerán una vez deje de estar vigente el estado de alarma, por lo que es necesario que se incluyan en un nuevo real decreto ley.

LOS ACUERDOS

Desde hace varias semanas, los partidos de la oposición han exigido a Sánchez que deje de aplicar la alarma y busque otras posibilidades que, dicen, serían menos dañinas para la economía española. En este sentido, el acuerdo firmado con Cs para que apoyara la última prórroga de la medida excepcional contemplaba "culminar el plan B para que no tenga que volver a activarse el estado de alarma si hay rebrotes".

Aun así, varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio Sánchez, ha insistido durante los últimos días en que no existe ninguna otra medida que permita restricciones a la movilidad para evitar la expansión del coronavirus. Así, en caso de que fuera necesario confinar a una población determinada, la decisión correspondería al Gobierno autonómico, con el aval de un juez, como ocurrió en el caso de la ciudad de Igualada.