El Gobierno de Aragón no tiene previsto renunciar a los 38 proyectos de ley anunciados en el plan legislativo de la legislatura a pesar de la crisis del coronavirus, aunque eso sí, las prioridades se van a centrar en el desarrollo de la estrategia de recuperación que se ha pactado entre todos los grupos (menos Vox) y agentes sociales y económicos. En ella ya se habla de desarrollar normas sociales y económicas para afrontar los daños que ha provocado el confinamiento, aunque se mantiene la tramitación paralela de la modificación de la ley del presidente autonómico y la del medio rural. Según el Ejecutivo, el desarrollo de los dos textos avanza a buen ritmo. Además, han recordado que en diciembre ya se llevó al consejo de gobierno la ley de financiación municipal y se espera avanzar en los próximos meses en la ley del juego. "Todo lo que estábamos haciendo ha saltado por los aires por la crisis del coronavirus", ha dicho la consejera de Presidencia, Mayte Pérez en una comparecencia en las Cortes a petición del PP.
La socialista ha reconocido que durante cuatro meses se han suspendido plazos administrativos y se han encontrado con nuevas necesidades. Pero eso no ha implicado echar el freno. Por eso ha destacado la elaboración de decretos leyes para afrontar medidas concretas "de forma rápida y eficaz".
La ley de emergencias (también las sanitarias) ha sido una prioridad, igual que la ley de protección civil. También se esperan nuevas normas de consejerías como la de Economía, Hacienda o Ciudadanía que "avanzan a buen ritmo".
Pérez, ha defendido este tipo de planes legislativos para garantizar la "transparencia" a pesar de que suponga un riesgo de incumplimiento. "Es algo que beneficia la gestión pública", ha manifestado.
La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha reclamado conocer "cuáles" de las leyes se van a poder tramitar de todo lo anunciado a comienzos de año. Y ha exigido una "reforma en profundidad" de los presupuestos, según ha avanzado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. En este sentido ha criticado que aún "no se han hecho las cuentas" a pesar de que se esperan 500 millones de déficit.
Los populares han considerado que las cifras iniciales eran muy elevadas, comparado con otras legislaturas. Algo que podía implicar aplicar el llamado "rodillo" en el que no pensaban participar pues en su opinión los ciudadanos reclaman "consensos" desde todos los flancos. Ahora con la pandemia ha reconocido que "todo ha cambiado" y que no se va a poder cumplir con todo lo acordado, pues todo quedará supeditado a la estrategia aragonesa de recuperación.
Para los próximos meses adelantan que hay "mucho trabajo por delante" y reconociendo que sin poder llevar las leyes prometidas hace falta conocer las prioridades. "Nos permitirá medir su capacidad como gobierno y sus intenciones", ha señalado. Pide priorizar las leyes de familias, de la infancia, de derechos de los usuarios sanitarios, la de la ley de financiación municipal, la de dinamización del medio rural o la del juego, entre otras.
Vaquero ha cargado con la "política de anuncios" del Ejecutivo, que acaba en incumplimientos. Esto también implica una "falta de gestión diaria" y a la "improvisación". La popular ha dicho que parece que todo les pilla "sin estar preparados".
Con la mirada fija en el pacto de reconstrucción ha recordado que hace falta "agilidad" y lamentó que la situación actual "lastre el futuro de los aragoneses", pues cree fundamental legislar para garantizar el Estado del bienestar.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha recordado que la comunidad acaba de superar un parón de cuatro meses, por lo que el reproche al retraso de las normas le ha parecido de "poco estilo" en la intervención popular. A la oposición les ha dicho que aplican "la ley del embudo" y que no muestran tanta exigencia cuando están en labores de gobierno.
Desde IU se ha recordado que hace falta trasladar a herramientas legislativas el pacto por la reconstrucción. "Tiene poco sentido escenificar otro tipo de debates", ha dicho el portavoz Álvaro Sanz.
