La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado con insistencia que el retraso en la aprobación del plan de 11.000 millones de euros en apoyos a empresa, previsto para este martes pero retrasado a última hora del lunes hasta un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, se deba a "una tensión o un conflicto" en el seno del Ejecutivo. El aplazamiento, ha asegurado, responde "solo y exclusivamente a cuestiones técnicas". Lo que sí ha confirmado es que el paquete se aprobará el viernes, en lugar de esperar a la reunión ordinaria del martes, para prorrogar la moratoria en los concursos de acreedores forzosos que vence este domingo 14.

En la misma línea, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha negado que su formación se la responsable del aplazamiento. "Me consta que no es por motivo nuestro que hay un bloqueo, que espero y confío que sea temporal a este decreto tan importante", ha afirmado antes de asegurar desconocer "qué está bloqueando en estos momentos el trámite de ese decreto".

Sus mensajes chocan con las afirmaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, realizó este lunes por la noche en la cadena 'Ser' poco antes de que el Gobierno confirmase que iba a retrasar la aprobación del plan al lunes. "Como siempre digo, para cualquier tema, también para esto, que será un real decreto ley, siempre me toca estar bregando con todo el mundo. No me escapo de ninguna, como es mi trabajo", afirmó la número dos del Ejecutivo.

Perfilado

Montero ha afirmado que su departamento y el Ministerio de Economía tienen decididas las principales claves del plan, pero han decidido consultar a algunos organismos ya que es un real decreto ley "complicado" desde el punto de vista jurídico. Se ha negado a dar detalles con el argumento de que el "Consejo de Ministros es soberano para alterar el texto legal" que presenten ambos departamentos el viernes, pero ha asegurado que ya está decidido el reparto de los 11.000 millones entre los tres componentes que tendrá el plan, así como que habrá ayudas directas a las empresas a través de un "modelo de cogobernanza" (en referencia a la posibilidad de otorgarlas a través de las comunidades autónomas".

El plan tiene tres componentes: las citadas ayudas directas para cubrir parte de los costes fijos (como alquileres y suministros) de empresas viables en problemas por la pandemia; fondos para convertir parte de los créditos bancarios con aval público del ICO en instrumentos de capital dentro de un marco para reestructuraciones que se vehiculará a través de un código de buenas prácticas; y otros apoyos de capital a empresas medianas no vinculados a los préstamos ICO a través de un fondo gestionado por la empresa pública Cofides. Según publicó 'Reuters' el lunes citando fuentes del Gobierno, los dos primeros podrían estar dotados con 5.000 millones de euros cada uno y el tercero con otros 1.000 millones.

Lo cierto es que Podemos trasladó el viernes al Ministerio de Economía de Nadia Calviño su propuesta de dedicar 8.000 millones a transferencias directas a las empresas y su oposición a que se canalicen a través de las comunidades autónomas. Otros ministerios bajo la órbita del PSOE también apuestan por priorizar este tipo de ayudas. Calviño, en cambio, es partidaria de un reparto más equilibrado entre ayudas y reestructuraciones y ha venido insistiendo en las últimas semanas en que las autonomías son las que están mejor situadas para dar ayudas directas porque conocen mejor el efecto que sus distintas y dispares medidas sanitarias de contención de la pandemia han tenido en las empresas de su zona.