No hay forma de cuantificar todo lo que esta crisis se llevará por delante. Todavía no se dan los datos de déficit del 2019, mucho menos se puede computar el destrozo que se espera en el futuro, en el 20, el 21... «El presupuesto ha volado por los aires», han dicho varios intervinientes este lunes en la Comisión de Hacienda de las Cortes, en la que el consejero Carlos Pérez Anadón se ha atrevido a dar una primera cifra de lo que costará el estrago y sus reparaciones: «Más de 400 millones de euros». Es la cifra sobre la que hay empezar a calcular el desfase presupuestario que tendrá la comunidad este curso debido a los gastos extra para hacer frente a la pandemia y la caída de ingresos. No obstante, el consejero ha defendido las medidas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno de Aragón, que han permitido pasar del 12% al 30% de liquidez, con 1.406 millones de euros.
Mamen Susín, portavoz del PP, ha pedido a Anadón que aclare las cifras «por transparencia» y ha incidido en que al menos hay una desviación del déficit de 325 millones, «muy superior a lo estimado», dado que el Gobierno ha asignado a Aragón 243,75 millones del fondo extra de facilidad financiera para compensar el 75% de la desviación del déficit, y esto inevitablemente va a repercutir en las cuentas de este ejercicio. El consejero ha respondido que el impacto está «muy por encima» de los 400 millones, sumando el descenso de los ingresos y el aumento de los gastos, aunque esta cifra no será la última, ha matizado Carlos Pérez, quien ha insistido en que dependerá de cómo se plantee la deuda en la UE, al tiempo que ha asegurado que el sistema de salud pública está «lo suficientemente preparado para que no se produzca otro colapso».
Anadón ha admitido que no hay «elixires mágicos» que puedan ayudar a deglutir el momento y que «pensar que se puede planificar el nivel de gasto en la situación en la que estamos es estar en Babia o no tener demasiada buena fe». Lo ha explicado fácil: «Solo con una determinación de Educación de si es posible reanudar o no las clases, habrá un nivel de gasto u otro», ha indicado el consejero, que ha recordado que Aragón está pendiente del reparto de 16.000 millones del fondo especial del Gobierno central. No hay datos concretos, pero la división se hará en tres grandes bloques: una primera entrega de 10.000 millones para Sanidad; mil millones para Servicios Sociales; y otros 5.000 pendientes de criterios.
Aragón dispone de una liquidez de más de 1.700 millones, alrededor de 1.400 de la ampliación del endeudamiento a corto plazo desde el 12 % al 30 % de los gastos no financieros del Presupuesto de la Comunidad, 117 de las entregas a cuenta del Gobierno central de este año y otros 117,6 de la liquidación de las de 2018, 85 del Fondo de Facilidad Financiera y otros 23 procedentes de fondos de distintos ministerios para gastos de la pandemia.
El consejero ha agradecido el cálculo hecho «sobre un irreal crecimiento del 1,6% del PIB, a pesar de que sabemos que la bajada va a ser apocalítica». La cantidad «procede de impuestos que en ningún caso va a recibir el Gobierno de España», ya que ahora la previsión es de descenso del PIB de entre el 8 y el 11%.
El Gobierno autonómico solicitó el 23 de marzo una partida del Fondo de Facilidad Financiera y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno de España, que entregará a las comunidades 1.986,76 millones, de los que a Aragón le corresponden 243,75. «La ayuda del Gobierno central para dar liquidez nos ha permitido hacer frente como ningún otro año a esta necesidad», ha incidido el consejero.
En todo caso, uno de los «miedos» que tenía era que se disparara el pago a proveedores, pero el Gobierno de Aragón ha reducido el periodo medio de pago a proveedores de 55,48 días en abril a 42,25 de mitad de mayo, según Pérez, que espera que «la liquidez no se quede ahí, sino que vaya dirigida a circulante», ha detallado Anadón, que apuesta por evitar «depauperar la situación».
El titular de Hacienda ha reconocido por último que la deuda crecerá, pero ha recalcado que «estamos un 2% por debajo de la media autonómica, que no es muy distinto a como estábamos antes de esta situación», dijo antes de subrayar su triple objetivo para que el impacto de la crisis sea «temporal y reversible» mientras se avanza en «el apoyo a familias, empresarios y trabajadores; en el trabajo conjunto entre partidos políticos y agentes sociales; y en reclamar junto con el Gobierno de España una respuesta ambiciosa de la Unión Europea que asegure la recuperación económica de todos los estados miembros».
