El pasado viernes se difundió un video en el que las trabajadoras de la residencia mayores del hogar San José de Teruel denunciaban la falta de material en su centro. Se plantaron y afirmaron que hasta que no recibieran la protección no volverían a sus puestos de trabajo. Pues si antes lo difunden antes responde el Gobierno de Aragón, que ha intervenido el centro. Pocas horas después, funcionarios de la DGA llegaron hasta esta residencia para explicarles la situación a los irritados empleados, que asumieron sus argumentos. El centro tenía material almacenado, por lo que la carencia de protecciones no era tal. Se les explicó, además, cómo utilizarlas correctamente.
Tal fue la sorpresa del Gobierno de Aragón por el vídeo que la propia consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, aclaró ayer en rueda de prensa la situación de esta residencia en concreto. La nueva directora, que llegó al centro tras la intervención de la residencia por parte del Ejecutivo autonómico, hizo entonces un inventario y había más de 1.100 mascarillas, 5.000 calzas y guantes o 1.000 batas, entre otros elementos, según explicó Broto.
Pero este no ha sido el único caso de discordancia entre las opiniones de unos y de otros. En los últimos días, sindicatos como UGT han denunciado la falta de personal en algunos centros, muchos de los cuales son de titularidad pública, ya sean municipales o autonómicos. La respuesta que sigue a estas demandas es siempre la misma: se está trabajando para tratar de cubrir las vacantes que dejan los cuidadores que caen enfermos.
La realidad de las residencias es compleja, y desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales asumen que muchas se han visto superadas por las circunstancias. Es decir, los trabajadores piden lo que es suyo, más medios, la dirección de los centros trata de controlar la situación y las autoridades intentan solucionar, con mayor o menor éxito, la falta de material. Precisamente para tratar de atender a los trabajadores de las residencias y canalizar sus demandas y lamentos, desde el Gobierno de Aragón van a habilitar un número de atención psicológica.
