Tras meses de negociaciones, el ingreso mínimo vital ya es una realidad en España. Este viernes el Gobierno de coalición y ha dado luz verde a una renta que funcionará como red de apoyo para las familias más vulnerables y golpeadas por la crisis generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Con el alumbramiento de esta medida, impulsada por los ministros de Unidas Podemos, el Ejecutivo garantizará una prestación de entre 461 y 1.100 euros al mes a unos 2,3 millones de personas en situación de “pobreza severa” en España. Las trabajadoras del hogar, las cuidadoras de personas dependientes y los parados con el derecho a prestación agotado son considerados los colectivos más vulnerables.
Como señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, la medida ya formaba parte de los planes del Gobierno antes de la irrupción de la pandemia y, con ella, las prestaciones de inserción para personas sin recursos que ya impulsan desde hace años las Comunidades Autónomas pasarán a ser “complementarias y subsidiarias” a la estatal, aunque aún hace falta especificar cómo se hará.
Un estudio señalaba este miércoles que sólo entre un 13 y un 15% de los hogares más pobres reciben la renta mínima de las CCAA, algo que lastrará el impacto del ingreso del Gobierno para erradicar la pobreza.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, celebró a mediados de mayo el impulso de una medida que países como España, Italia y Portugal también reclaman a nivel europeo. El ingreso mínimo vital español ha tenido como referentes los modelos que ya funcionan entre los 27.
Referentes europeos
Con mayor o menor incidencia, prácticamente todos los países de la Unión Europea cuentan con una gran diversidad de medidas de apoyo económico para garantizar la subsistencia de sus ciudadanos con menos ingresos. No hay un modelo único, hay tantos como países. Así, esas rentas mínimas varían en su cuantía y dependen de distintos factores como la edad o la condición social de sus receptores.
El volumen de la prestación se determina en relación al nivel económico y al indicador de pobreza de cada país. En Dinamarca el subsidio asciende hasta los 2.035 euros para menores de 30 años desempleados y con hijos, en Italia llega a los 780 y en Alemania a los 726. En Portugal la cuantía es de 300 euros y en Francia el mínimo es de 550. Esa medida también refleja la Europa de dos velocidades.
Siguiendo la estela europea, la medida española permitirá compatibilizar la prestación con ciertos salarios para incentivar que los beneficiarios acepten ofertas de trabajo, funcionando como ayuda y como complemento para los trabajadores que están por debajo del umbral de la pobreza. “Esa filosofía lleva años aplicándose en países como Francia, Alemania, Bélgica o los Países Bajos”, señala Noguera. “Así, trabajar siempre sale a cuenta”. También se aplica, en menor medida, en algunas rentas mínimas de inserción autonómicas.
La gestión de esos modelos puede ser a nivel territorial, como sucede en España, Alemania, Francia o Austria, centralizada, como en Portugal, Hungría o Irlanda, o mixta, como en Grecia, Polonia o los Países Bajos.
El modelo español tiene como requisito que sus receptores sean residentes nacionales o extranjeros con permiso y mayores de edad, algo se repite en Alemania, Francia y Malta. Otros países optan por requisitos más exigentes: Portugal pide un año de residencia en el país, Luxemburgo cinco, Dinamarca siete e Italia hasta 10 años.
Todos los países de la Unión Europea condicionan sus prestaciones a la búsqueda de empleo de los receptores. Aún así, esa renta mínima puede ser percibida en distintos períodos: en Eslovenia dura un máximo de tres meses prolongable mientras que en Portugal se alarga hasta los 12 meses y en Italia hasta los 18.
Sin embargo, esa prestación contra la pobreza, idiosincrásica de los Estados de bienestar europeos, se ha visto mermada por los recortes impulsados con la crisis financiera del 2008, incrementando la vulnerabilidad de esos sectores sociales.
Ingreso mínimo y renta básica universal
Aunque hay quien ha confundido los términos, el ingreso mínimo no es lo mismo que la renta básica universal. La primera, impulsada por el Gobierno, se destina a las personas más vulnerables, mientras que la segunda se dirige a todos los ciudadanos de un país.
Ningún país en el mundo aplica esa renta básica universal, aunque Finlandia, la región canadiense de Ontario o la ciudad de Barcelona han llevado a cabo experimentos para estudiar si esas ayudas desincentivan a los beneficiarios a encontrar un trabajo. En el caso finlandés, realizado entre 2017 y 2018, el Estado proporcionó unos 500 euros mensuales a 2.000 ciudadanos desempleados. Esa renta incondicional mejoró el bienestar social y psicológico de los receptores pero no se constató como una política de empleo efectiva, con lo que fue descartada.
