El Gobierno de Aragón ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación porque la crisis sanitaria del coronavirus derive en una crisis económica que incremente la desigualdad. Para frenarlo, el Gobierno central ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que será aprobado en el próximo Consejo de Ministros, y será complementario al ya existente Ingreso Aragonés de Inserción. Esto es, según aclaró ayer el presidente Lambán, que ambas prestaciones serán «incompatibles», de modo que el beneficiario de una de ellas no podrá optar a la otra. Aún así, los detalles están todavía «pendientes de precisar».
«El ingreso mínimo vital va a estar financiado por la Seguridad Social, por lo tanto es un derecho que los ciudadanos van a adquirir que nada tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas. Pensamos que quienes sean beneficiarios de ese ingreso mínimo vital, no podrán percibir el IAI», indicó. «El ciudadano disfrutará de uno u otro; no puede ser que las ayudas se acumulen», aseguró. «Eso puede significar alguna liberación de recursos del Gobierno de Aragón que serían reinvertidos en políticas sociales», explicó Lambán.
LOS "ABUSOS" DE LAS GRANDES SUPERFICIES
Por otro lado, el presidente aragonés puso el foco en el incremento de los precios de los productos alimentarios en las grandes superficies, que no se traducen en un pago mayor al sector primario. La cesta de la compra ha subido un 4,1% en abril respecto al mismo mes del año pasado -un 6% en los productos frescos-pero los ganaderos y agricultores denuncian que soportan costes superiores a lo que se oferta, incluyendo el coste de las medidas adicionales de higiene. Lambán denunció que «del campo a las grandes superficies se producen en algunos casos incrementos del 1700%, lo es que abusivo e inmoral» y reivindicó redoblar los controles en toda la cadena alimentaria para evitar «a toda costa» una subida inflacionista de los precios «que actualmente corre a costa de productores y consumidores».
Para encontrar soluciones, el líder del Ejecutivo autonómico volvió a reclamar que las comunidades autónomas sean «copartícipes» de la estrategia de recuperación social y económica en la que se trabaja desde el Gobierno central.
MEDIDAS ECONÓMICAS
En el trabajo que deben realizar comunidades autónomas y ayuntamientos, Lambán reiteró que serán «necesarios» los fondos de la Unión Europea. E incidió en la colaboración público-privada, ya que recordó que mientras el Estado está endeudado, «hay mucho dinero en manos privadas y los bancos están saneados», a diferencia de en la crisis del 2008. En este sentido, Lambán aboga por medidas como la rehabilitación de viviendas para generar empleo «a corto plazo».
También aplaudió propuestas como la del gobernador del Banco de España, favorable a una «terapia de choque» que combine acuerdos políticos y políticas fiscales. Lambán apuntó que el Gobierno de España debe modificar el margen del déficit a las comunidades, que en este momento es del 0,2%, mientras el Estado se va a endeudar este año más de un 10%. «Parece razonable que a las comunidades se nos autorice un endeudamiento mayor», e incidió en que cualquier medida de esta índole debe tomarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «No pueden ser para unas comunidades de una forma y para otras, de otra. Y mucho menos pueden ser acordadas por dos o tres partidos en el Parlamento desoyendo a todos los demás y sin tener en cuenta a las comunidades autónomas», advirtió.
