Los jueces aragoneses comenzarán desde este lunes a someterse a pruebas del coronavirus. Será, explica el juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban, como parte del reconocimiento médico anual al que se someten, en el que este año se han eliminado ciertas pruebas pero se ha incorporado la del virus, en el análisis de sangre. Así lo decidió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión, sin embargo, ha causado malestar entre otros operadores judiciales, que no van a gozar de este diagnóstico gratuito. Por ejemplo el de los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales), que han recibido algún correo de reconocimientos, tras algún año sin hacérselos, pero no indica que incluyan la prueba, según expone Carlos Artal, de la Ejecutiva de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Y sobre todo entre los funcionarios, que de hecho son los que, desde hace unas dos semanas, están combinando la vuelta a los juzgados (salvo servicios esenciales como el registro civil, los de guardia penal o de violencia de género, que ya lo hacían) con el teletrabajo.

Ricardo Bueno, de CCOO, considera que esta inclusión de la prueba en el reconocimiento es un camuflaje del CGPJ cuando en realidad “se pagará por ella, y es dinero público, del que se nutre el consejo”, expone. Los funcionarios pidieron a la DGA, de la que dependen, que a ellos también se les realizasen, pero el Gobierno les remitió al procedimiento general, para casos sospechosos, básicamente. A juicio de Bueno, además de un “privilegio injustificado”, la práctica del test solo a los jueces es algo “ridículo, cuando todos vamos a estar compartiendo los edificios”.

ATASCO A LA VISTA

Aparte de esta cuestión sanitaria, la preocupación que une a todo el colectivo jurídico son los atascos que se avecinan y la incomprensión porque la actividad judicial no se retome al mismo ritmo que la social. Por el momento no se prevé avanzar en la actual fase (sin señalamientos de vistas y con pocos escritos de trámite que no sean esenciales) hasta al menos dentro de dos semanas, y la relativa normalidad no llegaría al menos hasta el 9 de junio.

El juez decano atestigua que va a haber una “acumulación tremenda” de casos, que incluso se están dando en órganos ya activados, como el registro civil. Pero también y sobre todo se prevé en los juzgados de lo mercantil y lo social. “Será una locura sacar esto adelante después, con el incremento de asuntos que habrá, pese al esfuerzo y la responsabilidad que están teniendo todos los operadores judiciales”, expone.

Uno de los jueces de lo Social de Zaragoza, y miembro de Foro Judicial Independiente, José Antonio Izuel, manifiesta el descontento de la legislatura al constar que la sociedad “está en marcha” y la Administración de Justicia, por el contrario, siga empantanada. “Es incomprensible que puedas ir a una terraza y no a un juicio”, sintetiza. Por el momento, en lo social, que al fin y al cabo afecta “a la vida, al trabajo de la gente”, hay “1.500 asuntos sin tocar”, y si no se pueden retomar hasta junio, con los que esperan, “va a ser un desastre”. Más preocupante que otros ámbitos como las cláusulas suelo, a lo que se dedica, que pese al “atasco mayúsculo” que se acumula desde el 2017, y que se ha ido paliando, puede retrasarse pero “tarde o temprano, la gente cobrará”.

Entre los funcionarios también se temen los atascos, sobre todo en lo social y en lo mercantil, por la litigiosidad que generará el cierre de empresas que parece inevitable. Ricardo Bueno entiende que se tendrán que “establecer refuerzos” en estas jurisdicciones, cuando comiencen los señalamientos.

TELETRABAJO

Por el momento, según datos del Gobierno de Aragón, un 35% de los funcionarios están ejerciendo el teletrabajo, con otro 30% o 40% trabajando de forma presencial. El trabajo a distancia, expone Bueno, partió de una “discriminación” como fue dotar de ordenadores personales a jueces y letrados de la Administración de Justicia pero no a los funcionarios. Pese a ello, hace unas dos semanas la DGA hizo un “esfuerzo” de implantación de un programa de acceso remoto, que está danto buenos resultados, con lo que están “medianamente satisfechos”.

El sistema también está siendo útil para los letrados de la Administración de Justicia, que al menos pueden tramitar asuntos. No tanto para los jueces, que en su mayoría han dictados las resoluciones que tenían pendientes y, sin señalamientos poco pueden hacer, explica Esteban. De ahí que urjan la vuelta a la normalidad.