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CONSEJO DE MINISTROS

Justicia incluye la cita previa para ir al juzgado

El real decreto preparado para la vuelta a la normalidad prevé un procedimiento exprés para visitas y alimentos de menores. Entre las medidas relativas a los tribunales aparece también la agilización de la declaración concursal de empresas

 

Imagen de archivo de unos jueces vestidos con togas. - AGUSTÍN CATALÁN

ÁNGELES VÁZQUEZ / L. M. GABÁS
28/04/2020

Pocos son los que van a los juzgados sin un motivo claro, pero ahora y durante los tres meses después del levantamiento del estado de alarma, para hacerlo será necesario contar con cita previa, o por teléfono o a través del correo electrónico. Es una de las medidas previstas en el real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros para adecuar la justicia a la vuelta a la actividad habitual judicial una vez comience la desescalada.

Con la cita previa para limitar "la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios" se contribuirá a evitar "las aglomeraciones y el trasiego de personas en las sedes judiciales" no imprescindible. A ello se sumará limitar "el acceso del público a todas las actuaciones orales", como los juicios, "atendiendo a las características de las salas de vistas".
 
El real decreto también prevé que los juicios se realicen telemáticamente, salvo cuando sea imprescindible la presencia del acusado, como en los delitos graves, y dispensa de la obligación de utilizar togas, que los abogados comparten a través del correspondiente servicio presente en todas las sedes judiciales. 

Nuevo procedimiento

Entre las medidas para hacer frente al aumento de las demandas y querellas que se interpondrán por la pandemia y por la mera recuperación de la actividad, como habilitar del 11 al 31 de agosto, el real decreto regula un procedimiento "especial y sumario" para resolver los cambios que haya producido el coronavirus en el propio regimen de visitas y de custodia de menores establecido, porque uno de los padres enfermó y el confinamiento sorprendió con el otro, por ejemplo.

También servirá para revisar las situaciones económicas de los progenitores obligados al pago de pensiones alimenticias o de quienes las reciben, pensando "en el interés superior de los menores afectados y contribuyendo a su mejor protección".

Entre las medidas más económicas figuran algunas para agilizar la tramitación de los concursos de acreedores, que se prevé que aumenten sustancialmente, "como la confesión de la insolvencia y la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos".

Escepticismo

Estas nuevas medidas acordadas ayer por la tarde por el Consejo de Ministros tuvo una acogida dispar entre los diferentes operarios judiciales. Los más críticos fueron los letrados. El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón considera que no servirá de nada declarar el mes de agosto hábil cuando, en realidad, «el régimen de vacaciones de jueces, letrados de la administración de Justicia y resto de funcionarios hace que los juzgados funcionen a medias durante casi tres meses».

Una realidad que reconoce el magistrado y miembro de la asociación Jueces para Democracia, Alfonso Ballestín, quien destaca lo complicado que va a ser poner en marcha esta propuesta «porque las vacaciones están asignadas» y, por ejemplo, «en las audiencias provinciales es necesario constituir tribunales con tres magistrados, algo que no será fácil por el derecho al descanso». Frente a ello sí ve con buenos ojos que se habiliten las tardes «para poder reseñalar la actividad suspendida y así ganar tiempo».

Desde la Asociación Profesional para la Magistratura, Juan José Carbonero, quieren recalcar que en el mes de agosto «ya se trabaja, aunque la actividad se reduce por las vacaciones». «Hay que tener en cuenta una cosa que en la actividad judicial también están abogados, procuradores, testigos... y no sé cómo se va a poder articular a todo el mundo cuando la tradición es que España esté de vacaciones ese mes», recalca. 

El magistrado José Antonio Izuel, de Foro Independiente Judicial, muestra su recelo a la medida del mes de agosto porque «aunque no nos oponemos, tenemos miedo de que se consolide».

Diferentes visiones de las asociaciones judiciales que, por el contrario, se unifican a la hora de solicitar al ministerio «más medios y un aumento de los presupuestos y alcanzar una eficiencia como la de Hacienda».

Las medidas del Gobierno afectan directamente a los funcionarios judiciales. Desde UGT, Evangelina Jiménez, lamenta «que se nos haya excluido a la hora de tomar esta decisiones». «Los funcionarios vamos a evitar el colpaso, de hecho, estamos ya teletrabajando». La DGA ha puesto en marcha un plan voluntario.

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