El titular del Juzgado de lo Social de Huesca ha dejado visto para sentencia la demanda interpuesta por los sindicatos médicos de Aragón contra el Gobierno autonómico por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma al no proporcionar equipos de protección individual (EPI) adecuados para desarrollar su labor.

Fuentes judiciales explicaron que el representante legal de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet) reclamó la estimación de la demanda al entender que los sanitarios fueron sometidos a una situación de «riesgo grave» al inicio de la pandemia de coronavirus al no disponer de estos equipos.

Este juicio, como el celebrado ya en Teruel y el que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Zaragoza, se deriva de las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado mes de marzo por Fasamet para reclamar la dotación de estos equipos a los profesionales sanitarios de las tres provincias.

El Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza y, posteriormente, los de Huesca y Teruel estimaron esta iniciativa legal y ordenaron a la administración sanitaria la entrega del material necesario a los sanitarios para llevar a cabo de forma segura su actividad, primero en 24 horas y, posteriormente, tras las alegaciones presentadas, a medida que estuvieran disponibles. En concreto, los sindicatos reclamaban batas resistentes a líquidos o impermeables, mascarillas FFP2 o FFP3, protección ocular antisalpicaduras o pantallas faciales, guantes, gorros, calzas, hidroalcohol biocida y contenedores de residuos.

En la vista celebrada este jueves en el Juzgado de lo Social de la capital altoaragonesa, el ministerio fiscal se sumó a la demanda de los sindicatos sanitarios al entender que se había producido una conculcación de derechos fundamentales de los profesionales y también pidió su estimación.

Las fuentes citadas explicaron que en el caso de ser estimada la demanda de los profesionales, la sentencia sería «meramente declarativa» de reconocimiento de los derechos de los sanitarios y no supondría una condena a la administración aragonesa por el incumplimiento denunciado.

La progresiva mejora del suministro de equipos de protección individual a estos profesionales no harían necesaria la adopción de una resolución para instar el cumplimiento de la normativa laboral, según añadieron estas fuentes.