No es la primera vez que Lambán y Azcón se hacen arrumacos verbales, aunque las palabras de ayer del presidente, tan directas en su apoyo a Zaragoza y su ayuntamiento, quizá no se esperaban de ese modo. Solo un día antes, desde el grupo municipal socialista se había atizado al alcalde por entender que ha sido el responsable de que la ciudad haya quedado excluida del acuerdo de la FEMP, «en el que podía participar con más de 30 millones que ha decidido dedicar a la revisión de precios, es decir, para las grandes contratas», según le recordó Ros Cihuelo. Sin embargo, el presidente esquivó con pericia tal cuestión para entregarle su apoyo a la principal ciudad de Aragón. Se remontó al 2013 y a la ley Montoro. «Este asunto hay que contextualizarlo en el origen y en el problema, que viene de una decisión del ministro Montoro y del Gobierno del PP de bloquear los remanentes de los ayuntamientos».
Lambán pidió «no dejar desamparados» y arbitrar «otras soluciones» para los ayuntamientos que no tienen remanentes. «Ayuntamientos como el de Zaragoza no van a recibir ahora ningún tipo de ayuda y he de decirles que me parece que desde la FEMP se les tiene que buscar alguna solución», dijo el presidente, que fue más allá e incluso justificó el mal momento económico del consistorio de la capital: «No tener remanente no significa haber hecho una mala gestión en el ayuntamiento y eso no puede suponer una penalización».
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central que supone excluir de las ayudas a todos los ayuntamientos que no dispongan de remanentes, entre ellos el de Zaragoza, cuya deuda va camino de los mil millones y tiene que tapar un agujero de unos cien de manera inmediata.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para los ayuntamientos con remanentes. Esta norma recoge el acuerdo entre Hacienda y la FEMP, que ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones a fondo perdido que podrán usar en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. El acuerdo también exime a los ayuntamientos del cumplimiento de la regla de gasto en el 2020 y contempla un fondo con 275 millones, ampliables a 400, para compensar el déficit derivado del transporte.
Lambán insistió en que el hecho de que haya ayuntamientos que no tienen remanentes «no quiere decir que se hayan administrado mal», sino que puede deberse «a otras causas explicables» y ese motivo «no puede suponer una penalización por activa o pasiva». Además, subrayó que, en el caso de Zaragoza, «más de la mitad de los aragoneses» viven en esta ciudad. «Esta mañana he hablado con Abel Caballero y le he manifestado mi preocupación» por esta situación. «El alcalde va a tener mi apoyo para que se arbitren otro tipo de soluciones y no se les deje desamparados ante otras situaciones», remató.
El PP recurrirá al Constitucional
El PP recurrirá al Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita para ellos 5.000 millones de los presupuestos generales del Estado a fondo perdido. Lo anunció el vicesecretario nacional de Política Territorial de ese partido, Antonio González Terol, que avanzó que pedirá la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. Tras calificar de «apropiación, confiscación o robo» lo ocurrido en la FEMP, avanzó también que presentará mociones en contra de esa medida en todos los ayuntamientos y diputaciones en los que tiene representación.
