El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, habla en esta entrevista con Prensa Ibérica de los retos de la desescalada, de la gestión de la crisis por parte del Gobierno y, sobre todo, del papel sobresaliente en España, con y sin coronavirus, de los agricultores y ganaderos

—El FMI prevé que la economía española se desplome un 8% y que el paro se dispare al 20,8% este año. ¿Cuál es el plan para después del confinamiento?

—La prioridad continúa siendo acabar con la pandemia y el virus. Ahí están enfocados todos nuestros esfuerzos. Hasta el día 26 estaremos en la segunda prórroga del estado de alarma. A partir de entonces llega un momento muy complicado de gestionar porque, manteniendo la prioridad de erradicar el virus, tendremos que, de forma progresiva, ir retomando las actividades para volver a la normalidad. Esa vuelta a la actividad económica y social va a hacerse de forma prudente y sin poner en riesgo los avances logrados. En el anuncio de la segunda prórroga, el presidente ya abrió la posibilidad de una nueva y es fundamental saber en qué condiciones se va a producir en España y en Europa.

—¿Qué esperanza tiene de que fragüen los nuevos Pactos de la Moncloa? ¿Cuál sería el plan b?

—Es absolutamente necesario. Este es un momento de unir fuerzas para dar una respuesta y pienso que no hay plan b. Pensando en la crisis del 2008 y en cómo salimos de ella, hay una voluntad acentuada en la sociedad de que nadie se quede atrás y que no se incrementen los niveles de desigualdad heredados del 2008. Eso es fundamental y en ello va el futuro de la sociedad española.

—¿La oposición les acusa de improvisar e incluso de mentir con las cifras de contagiados?

—Esta es una crisis inédita. Estamos actuando y dando respuesta, al mismo tiempo que estamos investigandos. No había un mapa de ruta. Lo estamos haciendo todo con el consejo científico-médico, aunque la responsabilidad política siempre es del Gobierno. Lo fundamental ahora es combatir el virus y se ve en el tono de las respuestas a las críticas. Respecto a las cifras de contagiados, lo que hace el Gobierno es compilar las cifras que le facilitan las comunidades. Existe el mismo tema a nivel español y europeo. Es un problema clásico de la estadística, pero en este caso no hablamos de unidades sino de vidas humanas, y eso hace que sea especialmente dramático. No me gustan estas polémicas, estamos aplicando toda la transparencia. Es una polémica inútil, y habrá que ponerse de acuerdo en estadísticas.

—¿Ha llegado tarde España para atajar la pandemia?

—La decisión de situarnos en el estado de alarma se adoptó el 14 de marzo, la OMS había declarado el pase de epidemia a pandemia el 11. El 12 se reunió el Consejo de Ministros para preparar la respuesta. Hemos ido dando pasos que se han cifrado entre 48 y 72 horas. Cuando analicemos todo, el origen, cómo se ha transmitido, el comportamiento diferente según los colectivos y cuando encontremos una vacuna estaremos en condiciones de dar esa respuesta.

—Si como dicen los expertos pudiera haber un rebrote, ¿qué lecciones se han aprendido de la primera parte de la pandemia?

—Debemos intentar que no haya ningún rebrote. Es demasiado costoso, no sabemos en qué situación nos encontraremos dentro de un mes, por eso es tan difícil gestionar esta crisis. Estamos aprendiendo normas de comportamiento, el distanciamiento social que espero sea provisional, el tema de los mecanismos de higiene personal y medios de protección. En esta fase de desescalada tendremos que ir viendo todo, pero sobre todo evitando volver a los orígenes de la crisis.

—¿Estaba la sanidad pública al mismo nivel en todas las comunidades?

—Cada comunidad ha tenido un comportamiento distinto, según su perfil y la inversión realizada, pero este no debe ser un motivo de polémica. El Gobierno, desde el inicio de la crisis, adelantó los pagos a cuenta de las comunidades por importe de 3.800 millones de euros y de forma específica para luchar contra el coronavirus se libraron para las comunidades 210 millones aparte de las ayudas en forma de material. Lo que nos importa es acabar con el virus, no la polémica entre unos y otros.

—Antes del covid-19, los agricultores españoles se habían echado a la calle. ¿Qué cambiará tras la crisis?

—Ya dije en las manifestaciones que tenían razón en sus protestas de que la sociedad española los escuchara en su reclamación de precios más justos. Decían antes de la crisis que eran esenciales, y esta crisis ha demostrado que no solo tenían razón sino que han tenido razón dos veces. Esta crisis ha demostrado que la cadena alimentaria en España funciona muy bien, es moderna y efectiva. Ahora hay que dar un paso adelante: hemos abierto la consulta pública para la transposición de la directiva europea del 2109. Mi intención es someter un proyecto de ley antes de que finalice el año y que no más tarde del 2021 podamos llevar una reforma integral de la ley de cadena para mejorar la posición de agricultores y ganaderos. Si antes tenían de su parte a una parte importante de la sociedad, en este momento son de los grandes protagonistas de la crisis. Como ministro de Agricultura estoy muy orgulloso.

—¿Espera cubrir el déficit de mano de obra del campo con el decreto dictado?

--Con el estado de alarma no era posible que vinieran los trabajadores de dentro y fuera de la UE y con el decreto he pretendido dar una respuesta a una situación extraordinaria. Hemos identificado que hay necesidad de entre 75 y 80.000 trabajadores. Eso significa que en muchos lugares va a ser posible de una forma, entre comillas, normal, sin recurrir al decreto, y en otros, trabajadores que cobran prestaciones o extranjeros que han expirado su permiso de trabajo o extranjeros entre 18 a 21 años apuntalarán ese déficit. Cuando veamos cómo evoluciona esta situación podremos ver si hace falta prorrogar más allá del 30 de junio.

—¿Cree que habrá problemas para la recogida?

—Tenemos problemas donde ha empezado la producción. El momento clave va a estar entre junio y julio y sobre todo en la fruta de hueso de Zaragoza, Lérida, Navarra, La Rioja y Almería. Pero pensamos también en Huelva, Extremadura y demás territorios.

—¿Qué pasará con la PAC?

—En lo inmediato hemos conseguido que la CE prolongue el periodo de presentación de solicitudes del 15 de mayo al 15 de junio. Estamos pidiendo también que se flexibilicen los controles sobre esas declaraciones que no podrán efectuarse íntegramente y conseguir que el 16 de octubre, cuando se pague el adelanto, no sea de un 50%. La comisión ha dicho que va a elevarlo a un 70%, pero España y Francia estamos pidiendo que se eleve al 85%. Además hemos pedido para sectores como el de la flor cortada, el cordero, el ovino y el caprino una serie de medidas de mercado.

—¿Qué ha aprendido Luis Planas del coronavirus?

—En mi vida pública, esta es la situación más dura y más triste que he afrontado nunca y, sin embargo, pienso que saldremos de ella. A nivel colectivo, el comportamiento ejemplar de los españoles, su capacidad de resistencia, comprensión y solidaridad. Desde un punto de vista personal, saco que lo que en ocasiones parece imposible puede sin embargo ocurrir. Se sacan muchas lecciones como la importancia de los servicios públicos de salud, que la alimentación y el sector primario continúan siendo un pilar de la economía española.